El Ministerio de Hacienda publicó el primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) del año, destacando la postergación en la convergencia del déficit estructural y la adopción de medidas correctivas para alcanzar la nueva senda fiscal. Esto se da en un contexto donde las metas originales de -0,5% para el próximo año recién se lograrían en 2028. Considerando las cuentas nacionales de 2024, el déficit estructural se ubicó en 3,3% del PIB, superando en 1,4 puntos porcentuales la meta de 1,9% fijada en el decreto de política fiscal. Para 2025, ahora se establece como meta un déficit estructural de 1,6% del PIB, por sobre la meta inicial de 1,1%. La convergencia a ese objetivo se trasladó a 2026.
Para este año, se revisaron a la baja los ingresos fiscales respecto del IFP del tercer trimestre de 2024, que sirvió de base para la Ley de Presupuestos 2025. Esto obedece, principalmente, a la menor recaudación de 2024, que deja una base inferior de proyección para este ejercicio, afectando especialmente a las líneas de ingresos tributarios no mineros y rentas de la propiedad (donde se agreganlos ingresos por el litio). Sin embargo, lo anterior no incluye el escenario del impacto de las tensiones comerciales. Por lo tanto, el informe mantuvo una proyección de crecimiento económico de 2,5% para este año. Considerando estas proyecciones, y sin medidas correctivas, el déficit estructural alcanzaría 2,0% del PIB y el déficit efectivo 1,7%.
El Ejecutivo anunció acciones correctivas para cumplir con la nueva meta de déficit fiscal de 1,6% del PIB. Estas se refieren a medidas administrativas -que pueden implementarse directamente- y legislativas, sujetas a aprobación del Congreso. Las primeras generarían un ahorro de 0,3% del PIB en 2025 y de 0,05% en años posteriores. Las segundas, un ahorro promedio de 0,25% del PIB por año. Sin embargo, ya se han anticipado oposiciones parlamentarias a algunos de esos proyectos. En ese contexto y dado el deterioro del escenario macroeconómico, proyectamos un déficit efectivo más cercano a 2% del PIB.
En cuanto al financiamiento, el límite de emisión de deuda autorizado por el Congreso (US$16.000 millones) sería suficiente para cubrir las necesidades del año. Sin acciones correctivas, de acuerdo con las estimaciones de Dipres, se requerirían US$14.816 millones; con ellas, US$13.791 millones. La depreciación del tipo de cambio (de $887 en el IFP 3T24 a $979 en el actual) explica por qué, pese al mayor déficit, el límite sigue siendo adecuado. Aun así, es probable que el Ejecutivo utilice el total del margen autorizado dada la probabilidad de un mayor déficit efectivo que el proyectado.
El informe refleja un esfuerzo por controlar el gasto y transparentar un escenario complejo. Sin embargo, la situación continúa siendo delicada: incluso con las nuevas metas, prácticamente no hay holguras fiscales y se sigue postergando la consolidación fiscal en el tiempo, lo cual constituye un riesgo toda vez que los mayores efectos de la guerra comercial podrían darse hacia el próximo año. Esto plantea un desafío para la política fiscal, que requerirá medidas que fomenten el crecimiento, reduzcan la incertidumbre y cuenten con respaldo político amplio.
