Una investigación de la Contraloría destapó una red de abusos en el aparato público, ya sea el Estado o Municipios, donde funcionarios públicos han hecho uso y abuso de licencias médicas. Académico experto en comunicación de crisis advierte que el problema es más profundo: ineficiencia, impunidad y aprovechamiento del Estado como botín político.
Según un informe de la Contraloría General de la República (CGR), entre los años 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos en Chile, que se desempeñan tanto en el Estado como en Municipios a nivel nacional, habrían hecho un uso indebido y abusivo de licencias médicas. La magnitud del escándalo, que involucra pérdidas estimadas en USD 300 millones, pone en jaque la confianza en el sistema público y deja en evidencia un problema estructural en el Estado chileno.
«Esto no es sólo un caso aislado de abuso, es la manifestación de un patrón profundamente arraigado donde el Estado se convierte en refugio de intereses personales, no en motor del bien común», advierte Rodrigo Durán Guzmán, académico especialista en comunicación de crisis y magíster en Comunicación Estratégica.
Entre los casos más graves figuran funcionarios que se fueron de vacaciones a Europa, otros que completaron estudios de posgrado en el extranjero, y una psicóloga que emitía boletas de honorarios mientras publicaba su vida recreativa en redes sociales. Todo esto, mientras decían estar con licencia médica. O incluso el caso de personas que, teniendo licencia médica en el aparato público, desempeñaban funciones en el sector privado, entre otros casos de alta notoriedad.
Pero más allá del escándalo puntual, surgen preguntas de fondo sobre el funcionamiento del aparato estatal. Durán plantea que este tipo de situaciones «reflejan una cultura instalada, donde muchos ven al Estado como un botín y no como un espacio de servicio público. Se sirven del Estado en lugar de servir al Estado y a las personas”.
El experto también apunta a un fenómeno recurrente en los años finales de los gobiernos: el alza sostenida de licencias médicas y embarazos entre funcionarias, como forma de blindaje frente a eventuales cambios de administración.
“Es un patrón cíclico que refleja desconfianza en la continuidad laboral y que, en algunos casos, se convierte en estrategia para mantener remuneraciones y cargos usando la ley como escudo”, agrega Durán.
Otro punto crítico es el bajo nivel de sanción efectiva, ya que la mayoría de los funcionarios renunciaron antes de que se iniciaran sumarios, lo que les permite reinsertarse en otras reparticiones públicas sin impedimentos. “Mientras no existan consecuencias reales, seguiremos viendo cómo se dribla la fiscalización y se normaliza, se premia la mediocridad”, sostiene Rodrigo Durán Guzmán.
El académico enfatiza además que la ineficiencia del Estado no es sólo resultado de la burocracia, sino también de la falta de meritocracia: “Muchas veces quienes ocupan cargos no cuentan con preparación ni experiencia adecuadas. La laxitud, el desinterés y la falta de vocación se han normalizado, con excepciones por cierto, pero cada vez más escasas”.
A pesar de las declaraciones, la ciudadanía exige más que sumarios y renuncias simbólicas: pide transparencia, castigos ejemplares y una reforma estructural del Estado que erradique el amiguismo, la impunidad y el aprovechamiento personal de los recursos públicos.
«Si no se toman decisiones de fondo, este tipo de abusos seguirán ocurriendo, disfrazados de legalidad, amparados por la inercia y la falta de voluntad política», concluye Rodrigo Durán Guzmán.
