- Impulsado por la Ley Fintech y regulado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el llamado Open Finance entregará un marco regulatorio permitirá a las personas compartir sus datos financieros (incluyendo seguros, inversiones, pensiones, entre otros) de forma segura y consentida con terceros, con el objetivo de generar servicios y productos financieros más personalizados y competitivos.
- “Si una persona quiere pedir un crédito, ya no será necesario entregar documentos como cartolas bancarias. Podrá autorizar que una fintech acceda directamente a su información bancaria para cotizar automáticamente en distintas instituciones, agilizando el proceso”, explica Juan Manuel Jiménez, responsable de Open Finance de Minsait.
Santiago, septiembre 2025.- El sistema financiero chileno está experimentando una transformación histórica: la llegada del Open Finance, o Finanzas Abiertas. Este modelo, impulsado en distintos países del mundo, busca que las personas puedan acceder, gestionar y compartir sus datos financieros de forma voluntaria y segura, dejando atrás el antiguo esquema en que esa información estaba exclusivamente en manos de bancos, aseguradoras y otras instituciones.
Se trata de un sistema que permite que las personas puedan autorizar que su información financiera sea compartida entre distintas instituciones, como bancos, fintechs, cooperativas o aseguradoras. Esto se realiza de manera segura y consensuada, usando tecnología estandarizada como interfaces de programación de aplicaciones (APIs).
Dueños de nuestros datos
La discusión sobre quién es dueño de los datos financieros es clave. Hoy, con el Open Finance, se busca que la propiedad de esa información recaiga en cada persona, no en las instituciones que la generan. Sin embargo, este cambio cultural trae consigo responsabilidades: informarse y entender qué autorizamos cuando compartimos nuestros datos es esencial para aprovechar los beneficios sin riesgos.
En palabras simples, “pasaremos de tener información aislada en cada banco a un perfil financiero único”, según explica Rafael Ripoll, docente de Macroeconomía de la Universidad del Alba.
Se trata, agrega Juan Manuel Jiménez, responsable de Open Finance de Minsait, de un cambio “muy favorable para las personas, ya que por primera vez los usuarios financieros serán dueños efectivos de sus datos y podrán decidir con quién los comparten”.
El experto lo ejemplifica de la siguiente forma: “si una persona quiere pedir un crédito, ya no será necesario entregar documentos como cartolas bancarias. Podrá autorizar que una fintech acceda directamente a su información bancaria para cotizar automáticamente en distintas instituciones, agilizando el proceso. Esto permite una mayor transparencia, más competencia entre proveedores y productos financieros más personalizados”.
Responsabilidad financiera
La revolución financiera permitirá, entre otras cosas, que “quienes tengan un buen historial crediticio serán premiados con mejores condiciones, pero un mal historial tendrá una oferta más restringida y una tasa de interés más alta, por esto es vital que sea acompañado con educación financiera”, advierte el docente de la Universidad del Alba.
Por lo pronto Chile se encuentra en plena implementación regulada del sistema. El 3 de julio del 2024 la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó la norma que rige este sistema, y se espera que entre en plena vigencia en julio de 2026, tras un período de preparación de 24 meses.
“Ya se han definido los roles de los participantes (como bancos, emisores de tarjetas y fintechs), los estándares técnicos, las reglas de intercambio de información y los mecanismos de seguridad. Además, el país cuenta con un anexo técnico actualmente en consulta pública que detalla las especificaciones tecnológicas, lo que posiciona a Chile como uno de los países más avanzados en América Latina en esta materia”, detalla Juan Manuel Jiménez, experto de Minsait.
En efecto, nuestro país cuenta no solo con una ley, sino también con una norma técnica detallada y un cronograma vinculante gracias al trabajo conjunto entre el regulador y los diferentes participantes de la industria a través de mesas de trabajo, “lo que demuestra un compromiso institucional concreto con el desarrollo de un sistema robusto, seguro y orientado al ciudadano”, complementa Jiménez.
“Lo primero es que regulatoriamente se debe asegurar la privacidad y seguridad de datos sensibles. Los usuarios deberán cotizar en distintas instituciones y decidir qué datos comparten y con quién. Así podrán aprovechar los beneficios del sistema sin exponer su información ni perder poder de negociación”, puntualiza Rafael Ripoll, docente de la Universidad del Alba.
