La Dirección de Presupuestos (Dipres) elevó su proyección de déficit efectivo para 2025 a 2,0% del PIB en el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre, presentado junto al Proyecto de Ley de Presupuestos de 2026. El ajuste implica un deterioro de +0,42 pp respecto del IFP previo (≈1,5% del PIB). En balance cíclicamente ajustado, Dipres estima –2,2% del PIB, lo que supondría un incumplimiento de la nueva meta de –1,6% (-1,1% cuando se elaboró la Ley de Presupuestos 2025).
La desviación en el balance efectivo se debe principalmente a: i) menor recaudación vinculada al cobre (-0,1% del PIB), por menores transferencias de Codelco asociadas al accidente en El Teniente (reducción de producción cercana a 33 mil toneladas) y ii) la no consideración de medidas correctivas aún en trámite legislativo (0,3% del PIB), las cuales, como hemos señalado previamente, presentaban baja probabilidad de aprobación e impacto incierto.
Con este escenario, la deuda bruta del Gobierno Central cerraría 2025 en 42,4% del PIB (vs. 41,7% en 2024).
En nuestra visión, la nueva estimación luce más equilibrada y es consistente con nuestra proyección, aunque con riesgos. A agosto de 2025, los ingresos tributarios no mineros acumulan 65,1% de la estimación anual, mismo avance que durante el año pasado a igual fecha, levemente por debajo del promedio 2010–2019 (66,4%). En este marco, vemos factible alcanzar la cifra estimada por Dipres para este año.
Para 2026, el proyecto de Ley de Presupuestos contempla un crecimiento del gasto de 2,5% real respecto de la ejecución de este año, lo que mantendría el gasto prácticamente constante como proporción del PIB (24,4% vs. 24,3% proyectado para 2025). Este aumento se explica, principalmente, por mayores desembolsos en personal (+6,5% a/a) y en prestaciones previsionales (+3,7%), parcialmente compensados por menores subsidios y donaciones (–2,0%) y menor inversión (–5,8%).
El escenario macroeconómico de 2026 asume un crecimiento del PIB de +2,5%, demanda interna +2,9%, cobre USD 4,35/lb y tipo de cambio CLP/USD 958. Con estos supuestos, los ingresos alcanzarían 22,9% del PIB (+0,5 pp vs. 2025), de los cuales +0,3 pp provendrían de la Ley de Cumplimiento Tributario y el resto de una demanda interna creciendo por sobre el PIB. Así, el balance efectivo 2026 cerraría en –1,5% del PIB (balance cíclicamente ajustado: –1,1%).
Con todo, vemos riesgos a la baja en ingresos, dado nuestro escenario un crecimiento del PIB de 1,8% y una demanda interna de 2,1%. Persiste, además, la incertidumbre sobre la temporalidad y magnitud de los recursos asociados a la Ley de Cumplimiento Tributario. Asimismo, el proyecto considera, siguiendo la recomendación de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, mantener en 2026 las remuneraciones públicas en niveles nominales de 2025. Esto configura un riesgo al alza del gasto, pues la Ley de Reajuste del Sector Público se negocia a fin de año y podría implicar presiones adicionales. En conjunto, no se descarta que el déficit efectivo de 2026 vuelva a ubicarse en torno a –2% del PIB. No obstante, y considerando los anuncios de las principales candidaturas, estimamos que existe un margen para ajustes que acoten el déficit hacia –1,5% del PIB si los ingresos sorprenden a la baja.
Finalmente, respecto a las necesidades de financiamiento, el proyecto solicita autorización para contraer obligaciones en moneda local o extranjera por hasta USD 17.400 millones. De ese total, aproximadamente USD 5.600 millones financiarían el déficit efectivo, USD 7.500 millones corresponderían a vencimientos de deuda y el remanente se destinaría a otras operaciones bajo la línea.
