Especialista analiza el marco legal chileno y advierte que la discusión debe equilibrar la responsabilidad individual con el deber del Estado de proteger la vida.
Julio, 2026.- El reciente rescate de un grupo de personas en el Cajón del Maipo, tras internarse en un sector de alta montaña pese a las condiciones climáticas adversas, volvió a instalar una discusión que cada cierto tiempo reaparece en Chile: ¿deben asumir algún costo quienes movilizan importantes recursos públicos producto de conductas consideradas imprudentes?
El operativo, que involucró a equipos especializados de rescate, Carabineros y organismos de emergencia, generó cuestionamientos respecto al uso de recursos estatales cuando las emergencias podrían haberse evitado mediante una adecuada planificación o el respeto de las advertencias emitidas por las autoridades.
Según Felipe Armijo, director de Seguridad Pública de la Municipalidad de San José de Maipo, “hay rescates anteriores en los cuales han bordeado 600 millones de pesos, casi los 1.000 millones de pesos. El de ayer no te lo sabría cuantificar, pero fácilmente puede haber superado los 100 millones de pesos”, dijo en diálogo con Mega.
En ese contexto, expertos plantean que la discusión requiere distinguir entre la legítima preocupación por el uso eficiente de recursos públicos y el marco jurídico vigente.
Para Cristián Araya Pefaur, abogado y académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad del Alba, actualmente la legislación chilena no contempla una regla general que permita cobrar a las personas los costos de un rescate solo por haber actuado de manera imprudente.
«En Chile, el principio general es que los organismos de emergencia actúan para proteger la vida y la integridad de las personas, sin que el acceso a ese auxilio dependa de la capacidad económica del afectado. Esa es una característica propia de los servicios públicos de emergencia.»
¿Existe espacio para sancionar?
El especialista explica que ello no significa que toda conducta quede exenta de consecuencias.
«Si una persona infringe normas específicas, desobedece restricciones de acceso o incumple instrucciones de la autoridad, pueden existir responsabilidades administrativas o incluso penales, dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, eso es distinto a establecer un cobro automático por el costo del rescate.»
A juicio del académico, cualquier modificación legal debería considerar múltiples factores antes de trasladar los costos a quienes requieren ser auxiliados.
«Una legislación de este tipo debería definir con precisión cuándo existe una imprudencia grave, quién determina esa responsabilidad y cuáles serían los criterios para calcular un eventual cobro. De lo contrario, podría generar arbitrariedades y una importante judicialización.»
Los riesgos de establecer un cobro
El debate, agrega el especialista, también plantea una preocupación desde la perspectiva de la seguridad pública.
«Si las personas creen que pedir ayuda puede significar enfrentar una deuda millonaria, algunas podrían retrasar el llamado de auxilio o intentar resolver por sí mismas situaciones de alto riesgo. Eso podría terminar aumentando la gravedad de los accidentes y poniendo en peligro tanto a las víctimas como a los equipos de rescate.»
Por ello, sostiene que cualquier discusión legislativa debe evaluar cuidadosamente sus efectos.
«El objetivo debe ser incentivar conductas responsables y prevenir accidentes, no generar barreras para acceder a los servicios de emergencia cuando la vida está en riesgo.»
Prevención antes que sanción
Para el académico de la Universidad del Alba, el foco debería estar puesto en fortalecer las medidas preventivas, la educación sobre actividades de montaña y el cumplimiento de las restricciones establecidas por las autoridades.
«La experiencia internacional demuestra que la prevención, la información oportuna y el cumplimiento de protocolos suelen ser mucho más eficaces que las sanciones por sí solas. Las políticas públicas deben buscar reducir la ocurrencia de estos hechos antes que reaccionar cuando el accidente ya ocurrió.»
Un debate que podría crecer
El aumento de actividades recreativas en zonas cordilleranas y la reiteración de rescates durante los últimos años han vuelto cada vez más frecuente esta discusión. Sin embargo, especialistas coinciden en que cualquier eventual reforma deberá encontrar un equilibrio entre la responsabilidad individual de quienes asumen riesgos y el deber permanente del Estado de proteger la vida de las personas, incluso cuando estas hayan cometido errores de juicio.
