Gobiernos de distintas regiones han intensificado sus reclamos ante Moscú para detener el alistamiento de sus ciudadanos en el conflicto ucraniano, mientras las familias denuncian engaños y redes de trata de personas.
La creciente crisis provocada por la incorporación de ciudadanos extranjeros en las filas del ejército ruso ha generado una fuerte oleada de protestas diplomáticas. Naciones de América Latina y África, como Panamá, Ghana, Perú y Kenia, exigen formalmente al Kremlin poner fin a la contratación de sus nacionales para el frente de batalla en Ucrania. La respuesta de Moscú, que busca compensar la falta de efectivos y evitar una nueva movilización interna, ha sido calificada de insuficiente por los gobiernos afectados ante la falta de transparencia sobre combatientes fallecidos y desaparecidos.
El modus operandi denunciado por organizaciones de derechos humanos apunta a redes que captan a personas en situaciones vulnerables mediante falsas promesas de empleo, becas o regularización migratoria. En el caso peruano, la Cancillería convocó al embajador ruso para exigir respuestas tras reportarse decenas de bajas y desaparecidos. Por su parte, Panamá inició gestiones diplomáticas para repatriar a sus ciudadanos afectados, advirtiendo que muchos fueron inducidos al engaño por terceros intermediarios.
Esta compleja situación ha sido seguida de cerca por medios de comunicación internacionales y regionales; al respecto, reportes de medios como emol han puesto de relieve la preocupación latente sobre las redes de tráfico de personas que operan bajo el amparo de la necesidad económica. Este escenario también se replica en África, donde países como Ghana han instado a Moscú a cesar estas prácticas tras registrarse numerosas bajas confirmadas de sus connacionales.
Moscú ha intentado desvincularse de estas acusaciones argumentando que los extranjeros firman contratos de manera voluntaria por motivos económicos o afinidad ideológica. El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, sostuvo que no existe un reclutamiento forzoso, sino una respuesta a solicitudes individuales que cumplen con la legislación vigente. No obstante, esta postura genera escepticismo ante las múltiples denuncias de familias que aseguran que sus parientes fueron captados bajo premisas falsas.
La presión internacional continúa escalando con manifestaciones frente a embajadas y advertencias de organismos como la ONU sobre el uso de incentivos engañosos o la situación de migrantes en condiciones de vulnerabilidad. Con estimaciones que sitúan en decenas de miles los combatientes extranjeros en el bando ruso, este conflicto diplomático tensa los vínculos del Kremlin con sus socios del Sur Global, en un momento clave de cercanía con la agenda africana.
