Bajo el mandato de Pedro Castillo, los conflictos sociales han aumentado a nivel nacional.
La industria minera atribuye parte de la culpa a que su Administración prioriza el derecho a la protesta por encima de otras preocupaciones, o quizás a la pandemia y las mayores expectativas del nuevo Gobierno. En octubre, hubo 148 conflictos activos en Perú, incluido el incendio de una mina. Un mayor deterioro de las relaciones con las comunidades podría tener grandes repercusiones, ya que la minería emplea a unas 240.000 personas en Perú y el año pasado representó 62% de las exportaciones y 8,8% del PIB. Pero convencer a la gente de que la minería es una ventaja y no una amenaza puede determinar el futuro de la industria.
