El doctor en Derecho y convencional del Distrito 20, en la Región del Bío Bío, fue uno de los fiscales que investigó al líder de la CAM, Héctor Llaitul. Cruz señala que el Estado de Emergencia acotado del Presidente Boric, por las características de los grupos armados en la Macrozona Sur, es insuficiente. Y, junto a realizar duras críticas a la ministra Izkia Siches, señala que que tras varios fallos de la Corte Suprema en contra de las autoridades de la zona por omisión y falta de eficacia “estamos a un paso de que el Estado incurra en una conducta de desacato”.
–¿Cómo evalúa el Estado de Excepción “acotado” que extendió el Presidente Gabriel Boric para la Macrozona Sur?
-Lamentablemente, no es algo que a mi me gustaría reconocer. Pero hay que tomar en cuenta que la situación de conmoción es de tal magnitud en la Región de La Araucanía y la provincia de Arauco, que un Estado de Emergencia acotado, como el que ha querido levantarse, es insuficiente para enfrentar la crisis. Hay que tomar en cuenta que, por lo menos, existen cuatro grupos armados que ejercen control territorial en algunos sectores. Inclusive, han impedido a una ministra de Estado entrar a una comunidad y a un subsecretario acercarse a otra comuna. Ello implica que estamos frente a una situación que sobrepasa absolutamente los cánones de orden público y de seguridad de las personas que se desenvuelven en estos territorios y que hoy están sufriendo una vulneración constante de sus derechos fundamentales.
-¿Hay una negligencia?
-El Estado ha sido negligente a lo largo de estas circunstancias. No necesariamente este gobierno, porque esto se viene arrastrando de muchos gobiernos hasta atrás. Y atendida la situación que se está viviendo, ya ni siquiera se puede hablar de Estado de Emergencia, sino que, derechamente, evaluar la aplicación del Estado de Sitio.
“Yo sé que existe un tremendo complejo y un arrastre histórico, e inclusive de simpatías ideológicas, en relación a aquellos que puedan estar protagonizando todos los actos terroristas que se están cometiendo en dichos territorios. Pero el gobierno tiene que adoptar el papel que le corresponde”.
-¿Qué implicaría el Estado de Sitio?
-Eso implicaría la suspensión del ejercicio de ciertos derechos fundamentales acotados. Pero permitiría actuar de manera mucho más parapetada y con muchas más atribuciones a los miembros de las Fuerzas Armadas. Yo sé que existe un tremendo complejo y un arrastre histórico, e inclusive de simpatías ideológicas, en relación a aquellos que puedan estar protagonizando todos los actos terroristas que se están cometiendo en dichos territorios. Pero el gobierno tiene que adoptar el papel que le corresponde y asumir que no está, única y exclusivamente, para representar un sector de la población o a un grupo o un tipo de individuos que han escogido la vía armada para reivindicar sus demandas. Y que hay muchos otros ciudadanos y ciudadanas que se identifican con los pueblos originarios que han visto afectados los ejercicios de sus derechos fundamentales tanto por la acción de estos grupos terroristas como de la inacción de las autoridades del Estado.
-Hay varios fallos de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Suprema que se refieren a la “omisión” y “falta de eficacia” de las autoridades frente a la violencia en la Macrozona Sur. ¿Puede venir una avalancha de recursos de protección en ese sentido?
-Yo creo que estamos a un paso de que el Estado incurra en una conducta de desacato frente a lo que se ha resuelto de manera consecutiva en la Corte Suprema en esta materia. No constituye ninguna novedad que el año pasado se hayan acogido múltiples acciones de protección en torno a la vulneración de diversos derechos fundamentales, desde el derecho a la vida al derecho de propiedad. Y que, lamentablemente, el Estado no ha estado en condiciones de poder responder a lo dispuesto por parte de los tribunales para reestablecer el orden público en estos territorios. La verdad es que, en estos momentos, uno inclusive duda si es que existe voluntad, atendida la actitud que se ha desprendido de los dichos de la ministra del Interior.
-¿Voluntad de resolver la crisis?
-Sí. Porque el hecho de que tengamos a una ministra que recién en el último homicidio de un comunero diga que es el primero que afecta a un civil, se ve de una soberbia y una ignorancia que uno esperaría que no se de en una autoridad de este nivel.
–¿Cree que el homicidio de Segundo Catril, la semana pasada, marcó un antes y un después?
-No es la primera persona mapuche que ha sido asesinada en este contexto. Hay otros casos que son anteriores. Y eso responde a que la información que se maneja en Santiago es insuficiente. Nuevamente nos remitimos a las mismas circunstancias de la falta de voluntad para poder tener un enfoque adecuado del contexto en el que se están dando todas estas circunstancias y de la cantidad de hechos que han implicado muertes en ese territorio. Por eso sostengo, con dolor, que hay que reconocer que el Estado de Emergencia es insuficiente y que hay que evaluar ya el Estado de Sitio.
-Usted fue uno de los fiscales que investigó a la CAM por el atentado al fiscal Mario Elgueta en 2008. ¿Logró interrogar a Héctor Llaitul?
-Él nunca prestó declaración; siempre negó la legitimidad la jurisdicción nacional para poder hacer efectiva las responsabilidades penales por las cuales fue condenado.
–En ese tiempo se intentó probar que la CAM era una asociación ilícita, pero eso fue descartado por los tribunales.
-Sí. Y eso no es única y exclusivamente con la asociación terrorista, sino también con otro tipo de asociaciones ilícitas los tribunales han tendido a establecer exigencias que, a mi juicio, va mucho más allá del marco legal vigente. Esto, atendiendo a la exigencia de jerarquía e, inclusive, situaciones de sanciones de funciones determinadas dentro de una organización, implican dificultades para los efectos de una sanción para el delito de asociación ilícita. Pero, además, hay otra perspectiva que hay que tomar en cuenta, y es que los jueces se resisten a condenar por hechos punibles cuando las penas pueden, eventualmente, ser muy elevadas. Y tienden a buscar excusas para los efectos de morigerar la sanción penal.
-¿Es un tema de la ley o del criterio de los jueces?
-Yo creo que hay un problema de sensibilidad y un problema de formación. Y en eso también estamos al debe, cuando se trata de hechos que trascienden la criminalidad común. Estamos hablando de una situación completamente de excepción, que exige también una actitud distinta para poder enfrentarla y castigarla y poder evitar que se repita en el tiempo.
-¿Se debe asumir que hay terrorismo?
-Yo creo que todos saben de que hay terrorismo. Simplemente, por razones políticas no lo reconocen públicamente. Pero si uno habla en términos privados, no cabe la menor duda que cabe en las categorías de terrorismo que han sido reconocidas por las convenciones internacionales que están vigentes en Chile.
Por Ana María Sanhueza
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