La jurista María Asunción Moreno afirmó que en Nicaragua no hay separación de poderes, «todos los poderes del Estado han sido absorbidos por un poder único»
Un operativo policial se hizo con el control de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua al desalojar de su oficina a su presidenta, Alba Luz Ramos, y destituir a funcionaros claves de ese poder del Estado.
De acuerdo al testimonio de personas cercanas a la CSJ, funcionarios policiales ingresaron a los edificios de esa institución y sacaron de sus oficinas a las magistradas Ramos y Yadira Centeno González, esta última presidenta de la Sala Civil y de Familia, que fueron enviadas a sus domicilios. Aunque se conoció que la magistrada Centeno volvió a su oficina posteriormente, Ramos aún se mantiene en su casa, bajo vigilancia policial.
También se conoció que fueron destituidos varios directores del Poder Judicial y algunos de ellos han sido interrogados.
Al parecer, lo ocurrido guarda relación con la detención en octubre del año pasado de dos poderosos funcionarios de la CSJ: el vocero, Roberto Larios Meléndez, y a la magistrada Ileana Pérez López, tras lo cual, la vicepresidenta Rosario Murllo, esposa del dictador Daniel Ortega, ha venido avanzando en obtener el control de la CSJ.
El exfuncionario judicial Yader Morazán, especialista en administración de justicia, y el exdiputado Eliseo Núñez, analista político, coincidieron en que se puede calificar como “un golpe de Estado”.
“Técnicamente es un golpe de Estado. Están sustituyendo el poder de un poder del Estado. En este caso, están pasando por encima de la inmunidad de dos magistradas”, dijo Morazán en el programa Esta Semana, que se transmite por YouTube.
“Están sustituyendo el poder de manera abrupta, violenta e ilícita. No es lo mismo gobernar por debajo de la mesa, que llegar y suplantar el poder”, destacó el exfuncionario.
El grupo policial que llevó a cabo el operativo estuvo encabezado por el comisionado general en retiro Horacio Rocha, quien había sido dado de baja en 2014, pero que fue reenganchado por Daniel Ortega en 2022 como «ministro asesor de la Presidencia de la República, para asuntos de seguridad».
El grupo al mando de Rocha desalojó de su oficina a la magistrada Ramos el martes 24 de octubre y dos días después, el jueves 26, hizo lo mismo con la magistrada Centeno.
Anteriormente, habían sido destituidos Berman Martínez, secretario de organización del FSLN y secretario general administrativo de la CSJ, y el director de Informática Martín García. Ambos fueron llevados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote. Son investigados por supuestos actos de corrupción en las licitaciones para la construcción de nuevos edificios y la compra de equipos informáticos, según fuentes del Poder Judicial.
De acuerdo a una fuente cercana a la corte, Murillo viene tomando el control de varias dependencias y ministerios en Nicaragua, como el Ministerio de Relaciones Exteriores «donde ella redacta y aprueba las notas oficiales y hasta los discursos del canciller Denis Moncada», según las fuentes, reseñó Infobae.com.
El pasado martes, la Asamblea Nacional de Nicaragua despojó a la CSJ de la supervisión y manejo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil y traspasó esas funciones a la Procuraduría General de la República mediante una reforma constitucional, luego que salieran a la luz presuntos hechos de corrupción en el manejo del Registro Público de la Propiedad.
Para Morazán, desde 2018, el régimen de Ortega comenzó a implementar una reorganización del Poder Judicial.
«Después del 2018 surge la necesidad de descabezar las estructuras que manejaban Bayardo Arce y Rafael Solís (antiguos compañeros de guerrilla de Ortega) porque se cree que no son personas totalmente alineadas y se comienzan a cambiar por estructuras de poder de mayor confianza y leales a Rosario Murillo”, explica el abogado.
«En Nicaragua no hay separación de poderes, todos los poderes del Estado han sido absorbidos por un poder único, el de los Ortega Murillo, quien quita y pone fiscales, jefes policiales, magistrados, jueces, alcaldes y hasta diputados, así que esto no se parece para nada a un golpe de Estado”, dijo.
Y agregó: «la forma violenta y notoria con que se desaloja y despiden a magistrados y funcionarios judiciales allegados tiene más que ver con mandar un mensaje claro de que el poder se ejerce sólo desde El Carmen (casa y oficina de Ortega y Murillo)».
“Desde hace muchos años en Nicaragua no existe un Poder Judicial independiente” porque “lo convirtieron en una secretaría judicial dependiente del Ejecutivo. Una sola decisión no se toma en esta secretaría judicial sin la consulta y autorización de Ortega Murillo, quienes decidieron hacer un despliegue o exhibición de fuerza para desmontar una ‘subestructura de poder’ que había articulado la magistrada Ramos desde hace muchos años”.
