Este jueves comenzó a regir la Política Nacional Migratoria elaborada por el Gobierno de Gabriel Boric, luego que Contraloría tomara razón de la propuesta y fuera publicada en el Diario Oficial. El objetivo principal, según han explicado las autoridades, es que Chile tenga una migración “segura, ordenada y regulada”.
Uno de los ejes de dicha política está relacionado con las necesidades del mercado del trabajo, apuntando a áreas productivas donde exista déficit de contratación y se pueda incorporar a personas que estén regularizando su situación migratoria.
¿Sabe usted a cuanto asciende la población de migrantes que tenemos hoy en Chile?… lea bien: a un millón 600 mil personas, lo que equivale a cerca del 8% de la población nacional.
El plan de acción de la Política Nacional Migratoria se presentará en marzo, e incorporará casi 100 medidas de implementación, incluyendo materias relativas a seguridad.
Lo relevante a considerar en esta cifra, es que la gran mayoría de esas personas está en situación irregular o recién en proceso de regularización, según precisó el director nacional de Migraciones.
En el desglose, la mayoría de las personas que están ingresando a Chile son venezolanas (casi 600 mil personas), seguido por la población haitiana y peruanos.
¿Sabe usted quiénes son los que sufren mayormente las consecuencias de una migración descontrolada?: los municipios, porque bien se sabe que muchas de estas personas se instalan en campamentos no regulados, y después comienzan a exigirle agua al municipio; si se enferman, son los cesfam municipales los que deben atenderlos y si no tienen alimentos, el Departamento Social del municipio es el que debe escuchar los lamentos e ir en ayuda de estas personas. Hoy día, en las filas para asistencia social que se hacen cada día en los municipios, una gran mayoría la conforman mujeres de familias inmigrantes irregulares.
Dicen algunos alcaldes que el problema no es ayudarles, porque cuando hay un drama social de por medio, la acción humanitaria debe expresarse sí o sí. ”El problema es que el Estado de Chile, el Ministerio de Hacienda ni el Fondecom subsidian la gestión social o humanitaria de los municipios, porque no envía ni un peso más en apoyo a esta función de las municipalidades y si un alcalde llega a sacar plata de otro programa para comprarles un remedio o pagarles un pasaje, se puede ir sumariado y hasta acusado de notable abandono de deberes y, por lo tanto, debe dejar su cargo. Esa es la realidad”, comentó un concejal que quien este medio abordó esta situación.
Solo cabe esperar que este nuevo proyecto del gobierno no sea letra muerta y sirva en algo para regular la avasallante migración que ya rompió todos los estándares a nivel de seguridad pública, laboral y de convivencia social y, mediante este instrumento, tener reglas de juego claras y efectivas, para evitar los problemas que hoy está afrontando la sociedad chilena.
