Un requerimiento ante la Contraloría General de la República en Santiago, presentó la diputada por la región de Atacama Daniella Cicardini, en conjunto con la ANEF y sus pares de la bancada del Partido Socialista, a fin de solicitar un pronunciamiento del organismo que permita determinar responsabilidades administrativas sobre quienes despidieron ilegalmente a trabajadores en reparticiones públicas como el ministerio de la Mujer, Desarrollo Social e Indap, entre otros.
La parlamentaria llegó hasta la sede del ente fiscalizador en la capital para presentar el escrito junto a colegas diputados y al presidente de la ANEF, Carlos Insunza, señalando que a su juicio muchos de las más de 2000 desvinculaciones del ejecutivo, según cifras de la ANEF, corresponderían a despidos injustificados.
“Hemos decidido realizar esta presentación como bancada del PS, para pedirle a Contraloría que analice estos casos, en los que creemos existen antecedentes suficientes como para plantear que acá ha habido un abuso, que ha habido despidos injustificados de funcionarios y funcionarias, muchos de ellos bien calificados y de trayectoria, y pasando por encima de los derechos que les corresponden como trabajadores y trabajadoras”, afirmó Cicardini.
“En concreto, estamos solicitando que exista un dictamen que permita determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios de gobierno que hayan despedido de manera ilegal a trabajadores a lo largo de todo el país, porque no puede ser que acá se despidan y despidan funcionarios sin una correcta evaluación de sus calificaciones y desempeño, y que nadie se haga responsable de estas arbitrariedades”, subrayó.
En la misma línea, la legisladora agregó que “en nuestra propia región de Atacama hemos conocido muy de cerca estos casos, en donde hemos tenido denuncias de funcionarias despedidas en el Sernameg, en la seremi de Desarrollo Social, en donde más encima hay denuncias de maltratos y discriminación de género del seremi; y en varias otras instituciones”, indicó.
“En gran parte de ellas se repite la desvinculación de trabajadores con buenas calificaciones, comprometidos con su labor y sin realizar una evaluación de desempeño pertinente que fundamente una decisión como esa, lo que a la larga puede terminar perjudicando la tarea de esos mismos servicios, y que en muchos casos yo creo que derechamente responden a persecuciones políticas”, subrayó.
Asimismo, la diputada Cicardini destacó la relevancia de un dictamen de Contraloría sobre los despidos “porque muchas veces causan un daño no solo al trabajador, sino al propio presupuesto de estos servicios, ya que existen casos en los que la Corte Suprema ha dictaminado reintegrar y pagar retroactivamente a esos trabajadores, lo que al final genera mayores gastos extras en los recursos fiscales”, declaró.
Finalmente, la parlamentaria adelantó que en acuerdo con los funcionarios, la bancada de diputados del PS votará en contra del proyecto de reajuste del sector público presentado por el gobierno, debido a que “ha habido un incumplimiento de la Circular 21 del Ministerio de Hacienda, en la que el gobierno hizo un compromiso de que no existirían despidos injustificados, lo que claramente no ha sido respetado”, sentenció.
