Sanciones más severas y la obligatoriedad de implementar sistemas preventivos robustos transformarán la manera en que se abordan los delitos económicos.
Con la entrada en vigor de la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos este 1° de septiembre, las empresas se enfrentan a un panorama regulatorio renovado. Esta normativa, promulgada el 17 de agosto de 2023, introduce cambios significativos en el marco legal, afectando leyes como el Código Penal y la Ley de Sociedades Anónimas, entre otras.
En un contexto donde los delitos de «cuello y corbata» han captado la atención pública, la Ley de Delitos Económicos busca cerrar las brechas que permitían que ciertos actos ilícitos quedaran impunes o recibieran sanciones insuficientes. No obstante, su implementación ha suscitado inquietudes en el sector empresarial, donde algunos temen que la severidad de las sanciones pueda crear un clima de incertidumbre y desalentar la inversión.
La reciente discusión sobre la posible aplicación de esta ley en casos mediáticos, como el del abogado Luis Hermosilla, ha puesto de manifiesto las limitaciones de la normativa. Expertos legales señalan que los hechos imputados a Hermosilla ocurrieron antes de la promulgación de la ley, lo que lo exime de ser juzgado bajo sus disposiciones más estrictas. Este caso resalta la importancia de que las empresas actúen con rapidez para adaptar sus políticas y evitar consecuencias legales futuras.
José Ignacio Camus, socio fundador de Admiral Compliance, enfatiza que “esta ley marca un antes y un después en la regulación económica del país. No solo amplía las categorías de delitos considerados económicos, sino que también impone una serie de obligaciones preventivas para las empresas, independientemente de su tamaño. Esto representa un desafío considerable, especialmente para aquellas que no han implementado un sistema de cumplimiento normativo robusto”.
La normativa clasifica los delitos económicos en cuatro grandes categorías, abarcando desde infracciones bancarias y tributarias hasta delitos de corrupción y lavado de activos. Además, introduce un sistema de días-multa calculado en base a los ingresos diarios del condenado, asegurando que las sanciones sean proporcionales a su capacidad económica.
Carolina Álvarez, experta en cumplimiento normativo, señala que “la obligatoriedad de implementar sistemas de prevención del delito es ahora una realidad para todas las empresas, incluyendo grandes, medianas y pequeñas. La ley exige transparencia y medidas de control que, en caso de incumplimiento, pueden llevar a sanciones que van más allá de las multas, como la inhabilitación para ocupar cargos gerenciales o celebrar contratos con el Estado”.
Admiral Compliance reafirma su compromiso de apoyar a las empresas en la adaptación a este nuevo marco legal, ofreciendo asesoría especializada para la implementación de sistemas de compliance que no solo cumplan con la ley, sino que también protejan a las organizaciones de riesgos potenciales.
