Desde ANJUFF valoramos el debate legislativo que busca modernizar la regulación de las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), avanzando en la transparencia, fiscalización y sostenibilidad del deporte profesional chileno. Este proyecto no solo aborda el fútbol, sino que propone estándares aplicables a todas las disciplinas, en línea con mejores prácticas internacionales.
Nos preocupa la carta emitida por FIFA, que -haciendo una revisión histórica de las sanciones aplicadas por dicho organismo-, parece responder a gestiones políticas de la ANFP que buscan instalar el temor a sanciones internacionales. Este tipo de intervenciones nos parece especialmente delicado cuando el proceso legislativo es legítimo, democrático y busca resolver conflictos de interés estructurales.
Estas sanciones se aplican en contextos extremos, como procesos eleccionarios no democráticos, toma de instalaciones, o interferencia gubernamental directa que reemplaza las funciones propias de una federación. Sancionar a un país por un proceso legislativo democrático que busca alinear el deporte con principios internacionales de transparencia, probidad y desarrollo sería, por lo bajo, una anomalía. Más aún, promover ese tipo de sanciones desde la propia dirigencia local —como ha hecho la ANFP— constituye un uso instrumental y grave de la amenaza internacional, que busca inhibir un debate legítimo y soberano. Esa práctica debe ser rechazada con claridad.
No es la primera vez que se recurre a este tipo de estrategias. Ya durante la tramitación de la Ley de Profesionalización del Fútbol Femenino, la ANFP intentó sin éxito involucrar a la Conmebol para frenar su avance. Hoy vemos con preocupación que se recurra nuevamente a la presión externa para impedir reformas necesarias y largamente postergadas.
Recordamos que la separación entre la Federación y la ANFP ha sido solicitada por la propia FIFA desde hace años, y comprometida por la Federación de Fútbol de Chile, sin avances precisamente por la resistencia de los clubes. Esta ley busca corregir esa situación y fortalecer la autonomía institucional.
Reconocemos que la propuesta puede ser perfectible, pero para eso existe el proceso legislativo. Esperamos que la Federación participe de forma constructiva y no con amenazas de sanciones de terceros, las cuales han sido invocadas en múltiples ocasiones en el pasado cuando se ha intentado avanzar en mayor transparencia.
La estructura actual frena el desarrollo del fútbol chileno, especialmente el femenino. El modelo vigente impone barreras como falta de representación, presupuestos subordinados, invisibilización institucional y ausencia de planificación. Reformar esta estructura es una condición básica para construir un sistema deportivo profesional más justo y sostenible.
Llamamos a todos los actores a sumarse a este debate con responsabilidad y visión de futuro. Chile necesita una gobernanza deportiva moderna, inclusiva y libre de conflictos de interés.
