En prisión preventiva quedó Andrés Riquelme Pallamar, acusado de liderar un entramado financiero que operó durante años bajo la apariencia de inversiones seguras, respaldadas por documentos y supuestas órdenes de compra vinculadas a Bomberos de Chile. La causa, que afecta a múltiples víctimas, se mantiene en investigación con un plazo de 60 días y un perjuicio total que bordearía los $950 millones de pesos.
El caso se remonta a comienzos de 2022, cuando una ciudadana europea, profesora y residente en Chile, cuyas iniciales son N.N.K.S., fue contactada para invertir la totalidad de sus ahorros en supuestas operaciones financieras de bajo riesgo. La oferta parecía confiable, ya que uno de los involucrados se desempeñaba en ese momento como Senior Investment Specialist en Principal Financial Group, presentándose como un experto en finanzas.
Según consta en la querella, César Marín Mebus, director de Interfin Capital, le recomendó invertir con un ejecutivo con quien aseguraba haber trabajado por años y que era de su confianza. Ese ejecutivo era Andrés Riquelme Pallamar, quien ofrecía una rentabilidad aproximada de 1,7% a 90 días, asegurando que las operaciones contaban con el respaldo de instituciones como Principal Financial Group y el Cuerpo de Bomberos, mediante órdenes de compra que posteriormente se acreditaron como falsas.
El mecanismo consistía en la entrega de fondos a través de cheques, pagarés y escrituras públicas de reconocimiento de deuda, lo que permitía el rescate del capital más intereses al vencimiento. Durante un tiempo, las operaciones se pagaron con normalidad, generando confianza entre los inversionistas. En total, se realizaron 38 operaciones: 28 de ellas fueron efectivamente pagadas y los recursos, incluidos los intereses, se reinvirtieron íntegramente, mientras que las 9 restantes quedaron posteriormente en situación de default.
Sin embargo, entre el 4 y el 11 de diciembre de 2023 se produjo un default masivo, momento en que varias operaciones dejaron de pagarse simultáneamente. En el caso de N.N.K.S., tras 22 operaciones por $256 millones en capital y más de $300 millones considerando intereses, el imputado dejó de responder, reconociendo posteriormente que las operaciones financieras nunca existieron y que los fondos fueron utilizados para pagar deudas personales, confirmando además que las supuestas órdenes de compra de Bomberos eran falsas.
El 16 de enero de 2024 la querella fue declarada admisible y remitida al Ministerio Público. Posteriormente, se acumularon otras causas por resolución del tribunal, debido a que el imputado enfrenta denuncias similares por estafa reiterada y apropiación indebida.
El Ministerio Público formalizó a Riquelme Pallamar, decretándose su prisión preventiva en el recinto Santiago I, considerando la gravedad de los hechos, el monto del perjuicio y la existencia de múltiples víctimas. De acuerdo con los antecedentes presentados, el imputado habría operado mediante su empresa Chilean Seller Inversiones, entregando a los inversionistas un paquete de documentos falsificados que incluía pagarés, mandatos de cobro y contratos de cesión de créditos.
El abogado Felipe Jiménez Seminario, representante de una de las víctimas, señaló que la investigación sigue en curso y que aún existen diligencias pendientes, incluyendo la eventual responsabilidad de terceros. “Mi representada fue solo una de las afectadas de este robo. Es fundamental esclarecer si el imputado actuó solo o con la participación de otras personas que captaban inversionistas”, indicó.
Desde la defensa, en tanto, se informó que el imputado habría colaborado con la investigación y reconocido su responsabilidad, mencionando la participación de asesores financieros no formalizados hasta ahora. La indagatoria continúa abierta.
