- Un reciente reportaje reabre el debate sobre el uso de recursos en la Contraloría General de la República, que respondió a las críticas y defendió la legalidad de sus procedimientos, en medio de un complejo contexto nacional por el uso de licencias médicas en el sector público.
En abril de 2026, la Contraloría General de la República (CGR) volvió al centro del debate público tras la difusión de un reportaje de La Segunda que cuestiona el uso de viáticos y licencias médicas dentro del propio organismo fiscalizador. La información, basada en antecedentes oficiales remitidos al Congreso, expone cifras que abren interrogantes sobre el funcionamiento interno de la institución encargada de controlar el correcto uso de recursos públicos.
De acuerdo con los datos revelados, durante 2025 la CGR pagó un total de 1.384 viáticos a sus funcionarios, mientras que 1.295 trabajadores presentaron 3.672 licencias médicas en el mismo periodo. Las cifras, aunque forman parte de reportes públicos, generaron controversia al ser vinculadas en el reportaje, sugiriendo una posible relación entre ambos elementos, lo que también fue recogido por T13.cl y Cooperativa.cl en sus respectivas coberturas.
El costo de los viáticos superó los $250 millones, considerando tanto viajes nacionales como internacionales, además de más de US$23 mil en pasajes. La gran mayoría de los desplazamientos —1.359— se realizaron dentro del país, en el marco de fiscalizaciones en terreno, una de las funciones centrales del organismo.
En el plano internacional, algunos viajes concentraron la atención pública. Entre ellos, una auditoría en Washington DC a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), donde seis funcionarios permanecieron cerca de un mes, y la participación en una asamblea técnica en Egipto, a la que asistió la actual contralora, Dorothy Pérez. En ambos casos, la institución argumentó que se trató de compromisos internacionales y actividades propias de su rol, destacando además que parte de los costos fueron cubiertos por organismos externos.
Sin embargo, el punto más sensible se instaló en la relación entre estos gastos y el uso de licencias médicas. ¿Es razonable que el organismo que lidera la detección de irregularidades en el sector público enfrente cuestionamientos similares en su propio funcionamiento? ¿Se trata de una coincidencia estadística o de una señal que amerita mayor escrutinio interno? Estas preguntas han comenzado a instalarse en el debate público, especialmente considerando el rol fiscalizador que cumple la CGR.
Desde una mirada experta, Rodrigo Varela Anabalón, abogado especialista en derecho penal económico, comercial, corporativo y salud, y gerente legal de ALTO INMUNE, advierte efectos concretos en el funcionamiento institucional. “Desde el punto de vista legal y administrativo, esto genera una distorsión en la continuidad del servicio. Cuando un funcionario promedia casi tres licencias anuales, se produce una interrupción constante de los procesos de auditoría y toma de razón. El efecto es doble: un daño a la eficiencia del gasto público —ya que el Estado debe cubrir estas ausencias— y un riesgo reputacional para la Contraloría, cuya propia gestión interna queda bajo cuestionamiento frente al resto de la Administración del Estado”, señaló.
El especialista también apunta a la necesidad de avanzar en medidas estructurales. “Para regular esto con mayor eficacia, no basta con la fiscalización de la emisión de las licencias. Se requiere intervención en la gestión de personas para analizar por qué la recurrencia es tan alta —2,8 por funcionario— y determinar si existen factores de riesgo psicosocial no abordados. Asimismo, es clave avanzar en transparencia activa en materia de ausentismo, implementando métricas públicas por unidad que permitan identificar focos críticos”, explicó.
En la misma línea, agregó que resulta fundamental una modernización de los procesos de control: “Se debe fortalecer el vínculo entre la COMPIN y las unidades de personal del sector público para detectar en tiempo real el uso abusivo o la emisión fraudulenta, protegiendo siempre al funcionario que sí padece una enfermedad real”.
Frente a las críticas, la Contraloría respondió señalando que el reportaje “mezcla tendenciosamente” situaciones distintas: por un lado, la detección de fraudes en licencias médicas en el sector público —impulsada por la propia institución— y, por otro, el pago legítimo de viáticos a funcionarios que cumplen labores en terreno.
El organismo enfatizó que los viajes nacionales son esenciales para realizar fiscalizaciones en todo el territorio, recordando que en 2025 se llevaron a cabo más de 2.600 auditorías. Asimismo, aclaró que los viáticos internacionales responden a compromisos históricos del Estado de Chile y que, en varios casos, no implicaron gasto fiscal directo.
En paralelo, la CGR aseguró haber implementado medidas de austeridad, reduciendo en un 25% los gastos en viáticos durante 2025 y proyectando una disminución del 35% en el presupuesto de viajes internacionales para 2026. También informó una baja del 16,2% en las licencias médicas y la recuperación del 85% de los recursos asociados a este concepto.
Este episodio se da en un contexto más amplio, marcado por una ofensiva nacional contra el uso fraudulento de licencias médicas en el sector público. Auditorías recientes han detectado miles de casos irregulares, incluyendo funcionarios que trabajaban en el sector privado o viajaban al extranjero durante periodos de reposo, lo que ha derivado en sumarios, formalizaciones y desvinculaciones en distintas instituciones del país.
Así, mientras la Contraloría continúa liderando la fiscalización del aparato público, el foco sobre sus propias prácticas —junto con el análisis de expertos— abre un nuevo capítulo en el debate sobre probidad, transparencia y estándares internos en las instituciones del Estado.
