Tras una primera vuelta ensombrecida por demoras y fragmentación, la derecha fujimorista y la izquierda castillista medirán fuerzas el próximo 7 de junio en un país exhausto por la crisis institucional.
Luego de un mes de incertidumbre y un complejo escrutinio, Perú se prepara para una nueva segunda vuelta electoral que revivirá las fracturas históricas del país. El próximo 7 de junio, la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez se enfrentarán en las urnas para definir la Presidencia, encarnando dos modelos contrapuestos y con el enorme desafío de convencer a una ciudadanía profundamente desencantada de su clase política.
Ninguno de los dos aspirantes llega fortalecido a este balotaje. En una inédita jornada electoral marcada por la dispersión de 35 candidaturas, Fujimori (Fuerza Popular) lideró la primera vuelta con apenas el 17,18% de los sufragios, mientras que Sánchez (Juntos por el Perú) obtuvo el segundo lugar con el 12,03%. El estrecho margen de poco más de 21.000 votos sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga desató acusaciones de fraude —sin pruebas— y retrasos significativos en el procesamiento de actas, avivando la desconfianza generalizada.
Este complejo escenario ha sido ampliamente analizado por medios internacionales como la cadena France 24, que destaca cómo el descrédito institucional y la apatía ciudadana marcan la pauta en una nación que ha visto desfilar a nueve presidentes en la última década. Para ambos contendientes, el verdadero reto en las próximas semanas será canalizar el hastío de un electorado que prioriza de manera urgente demandas de transparencia, estabilidad económica y orden público.
En un extremo de la balanza, Keiko Fujimori, administradora de 50 años, busca la jefatura de Estado por cuarta ocasión. A diferencia de campañas anteriores donde intentó moderar su discurso, esta vez la líder de Fuerza Popular abraza sin reservas el legado de su padre, el fallecido exmandatario Alberto Fujimori. Bajo las banderas de la «mano dura», la candidata capitaliza la crisis de seguridad pública provocada por el aumento de homicidios y extorsiones en el territorio nacional.
Su plan de combate a la delincuencia incluye medidas de alto impacto, tales como el despliegue de militares en los centros penitenciarios, la restitución de los polémicos «jueces sin rostro» y la expulsión inmediata de extranjeros indocumentados. En el plano geopolítico, busca alinear a Perú con la ola conservadora de la región —representada por mandatarios como Javier Milei en Argentina o Daniel Noboa en Ecuador— y estrechar lazos estratégicos con la administración estadounidense de Donald Trump.
En la acera opuesta se sitúa Roberto Sánchez, un psicólogo de 57 años que emula la estrategia y el simbolismo de su mentor político, el encarcelado expresidente Pedro Castillo. Sánchez, quien ha desarrollado su campaña luciendo el emblemático sombrero de ala ancha, ha heredado el respaldo de las comunidades rurales y los sectores más vulnerables del sur andino, consolidándose como la voz del descontento social periférico.
El candidato de Juntos por el Perú, autodefinido como «castillista», ha prometido otorgar un indulto a Castillo y propone una «refundación de la patria». Su agenda contempla la convocatoria a una Asamblea Constituyente para derogar la Constitución de 1993 y la creación de un «Estado plurinacional» que integre formalmente a los pueblos originarios; de hecho, sus candidatas a la vicepresidencia son dos mujeres provenientes de las comunidades quechua y aymara.
Asimismo, su programa económico prioriza el combate a la pobreza como el principal enemigo nacional y propone la nacionalización de recursos estratégicos, incluyendo los yacimientos de gas más grandes del país. Respecto a la criminalidad, el líder izquierdista vincula el auge delictivo a supuestos pactos de corrupción con las élites tradicionales, prometiendo una reestructuración basada en la rendición de cuentas y la reforma del aparato judicial.
Los comicios del 7 de junio obligarán a los peruanos a elegir entre el modelo de libre mercado y control estricto que ofrece el fujimorismo, o la transformación constitucional y el nacionalismo de los recursos que propone el castillismo. Quien resulte vencedor no solo asumirá el control del Palacio de Gobierno, sino también la titánica tarea de conducir a una sociedad fragmentada y sumida en una fatiga democrática crónica.
