El informe detecta la mayor deuda heredada de la que se tenga registro, severas ineficiencias en compras estatales y ordena la apertura inmediata de investigaciones en ministerios clave como Educación, Transportes, Ciencia y la Mujer.
En una revelación de alta repercusión política y económica, el Gobierno dio a conocer este lunes los resultados de su programa «Inspección Total», correspondiente al periodo de gestión 2022-2026 liderado por el expresidente Gabriel Boric. De acuerdo con los datos del informe, las alertas financieras de urgencia detectadas involucran un riesgo global superior a los 9.200 millones de dólares debido a desajustes administrativos en las arcas públicas.
Según los antecedentes divulgados por el medio nacional BioBioChile, el pilar central de esta preocupación radica en la denominada «Alerta 1», que cifra en US$3.200 millones la deuda traspasada hacia el nuevo Ejecutivo, la más alta desde que se tiene contabilidad oficial. Este masivo volumen de compromisos pendientes afecta directamente a proveedores de atención de salud (US$1.000 millones), la JUNAEB (US$650 millones), brechas en gratuidad universitaria (US$400 millones) y pagos rezagados a 9.986 pymes (US$268 millones).
Tratos directos e ineficiencia en adquisiciones
La fiscalización también detectó que se ejecutaron US$3.170 millones en compras públicas mediante Trato Directo o Compra Ágil (Alerta 2), prescindiendo de concursos regulares en casos donde existían vías competitivas disponibles, lo que habría significado un ahorro neto de US$760 millones. A esto se suma la Alerta 3, que cuantifica un perjuicio de US$150 millones derivado de la omisión y falta de cobro en los reembolsos por concepto de licencias médicas del personal.
Órdenes de investigación a carteras sectoriales
Ante la magnitud de los hallazgos descritos, el Comité de Auditoría instruyó la apertura inmediata de investigaciones particulares y sumarios administrativos destinados a esclarecer las responsabilidades en cuatro ministerios estratégicos:
- Ministerio de Educación (JUNAEB): Detección de posibles fraudes e irregularidades graves en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE), constatándose pagos por servicios no realizados y sobreprecios de mercado.
- Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (Subsecretaría de Transportes): Evidencias de deficiencias en el control financiero, acumulación de rendiciones pendientes y el no cobro de multas y garantías vigentes.
- Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG / Prodemu): Diagnóstico de uso ineficiente de recursos, ausencia de control presupuestario y nulo seguimiento de resultados.
- Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (ANID): Constatación de altos niveles de rendiciones de cuentas rechazadas y un volumen crítico de fondos pendientes de rendición.
Complementando este panorama de gestión, el diario digital Emol consignó que estos hallazgos imponen un desafío inmediato para reestructurar las oficinas de adquisiciones locales y los sistemas de pago centralizados, abriendo un complejo flanco de discusión sobre la transparencia de los presupuestos y la urgencia de redefinir las prioridades de fiscalización regional en los meses venideros.
Transparencia y acuerdos: El desafío de la clase política
Frente a este escenario, la extensión de los baches detectados trasciende el mero debate técnico o presupuestario, transformándose en un imperativo ético que exige una respuesta transversal y sin dilaciones por parte de toda la clase política. En un contexto de profunda desconfianza ciudadana hacia la institucionalidad, la transparencia no puede seguir siendo un eslogan de campaña o un arma de recriminación mutua entre bloques; por el contrario, debe consolidarse como el estándar mínimo de gestión y rendición de cuentas en cada rincón del aparato público. Urge que tanto el oficialismo como la oposición abandonen la lógica de la trinchera y alcancen acuerdos nacionales robustos que blinden los recursos de los contribuyentes —que finalmente pertenecen a todos los chilenos— mediante sistemas de control más severos, modernizados y descentralizados, garantizando así que la eficiencia de la administración deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad que proteja el bienestar social en cada región del país.
