El colapso en las carreteras cumple casi un mes con barricadas activas en siete departamentos, mientras la escasez de insumos médicos golpea el derecho a la salud y los sectores movilizados exigen la renuncia del mandatario como condición para destrabar el conflicto.
La parálisis vial en Bolivia ha tomado un rumbo dramático al registrar un mes de cortes de rutas ininterrumpidos. La falta de entendimiento entre las autoridades gubernamentales y las organizaciones sociales no solo asfixia la economía nacional, sino que ha derivado en una crisis humanitaria ante la imposibilidad de brindar asistencia médica de emergencia en los puntos bloqueados.
De acuerdo con el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, la cifra de personas fallecidas por falta de atención sanitaria oportuna ascendió a cinco. La víctima más reciente es una joven de 24 años, paciente oncológica con diagnóstico avanzado, quien perdió la vida en el interior de una ambulancia mientras se trasladaba desde Oruro hacia La Paz por rutas alternativas en un intento por sortear las barricadas.
El drama médico ya registra las muertes de un niño de 12 años y otras tres mujeres en circunstancias similares. Diversas instituciones médicas y de derechos humanos denunciaron que la interrupción del tráfico está vulnerando de manera directo el derecho elemental a la salud, dejando desamparados a pacientes crónicos y de urgencias que necesitan traslados especializados hacia los hospitales de cabecera.
En el plano de la infraestructura, el mapa de la protesta continúa expandiéndose. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que existen 103 puntos de bloqueo activos en todo el territorio. Además, el conflicto sumó un nuevo escenario geográfico con el ingreso del departamento de Pando a los registros de movilizaciones, consolidando a Cochabamba y La Paz como las regiones más afectadas por la intransitabilidad.
La parálisis de los motores productivos ha encendido las alarmas fiscales y corporativas. Según estimaciones publicadas por la cadena France 24, las pérdidas económicas provocadas por la huelga general indefinida —impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Campesinos ‘Tupac Katari’— ya superan los 1.600 millones de dólares, impactando severamente en el abastecimiento de insumos básicos.
Ante este panorama, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) calificó el escenario actual como una «situación de catástrofe» inminente. A este reclamo se sumó la Confederación Nacional de Choferes, sector que otorgó un ultimátum de 48 horas al Poder Ejecutivo para restablecer el libre tránsito antes de iniciar medidas de presión propias.
Desde el ámbito internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su profunda preocupación por el alto impacto humanitario del conflicto. El organismo instó de manera urgente a los líderes de los sectores sociales movilizados y a las autoridades estatales a deponer las posturas rígidas y priorizar canales de diálogo para pacificar el territorio.
Pese a los reiterados llamados del presidente Rodrigo Paz para establecer una tregua humanitaria que permita el reabastecimiento general, las vías de negociación formal siguen cerradas. La dirigencia de la COB y los movimientos campesinos locales, afines al ala radical del expresidente Evo Morales, ratificaron que no asistirán a encuentros políticos si el punto de partida no incluye la renuncia del actual mandatario.
Por su parte, el Poder Legislativo busca alternativas institucionales para evitar que la situación se desborde por completo en las calles. En las últimas horas, el diputado Carlos Alarcón propuso, de manera personal, el diseño de un referendo revocatorio extraordinario que ponga en juego los mandatos del presidente, el vicepresidente y los propios asambleístas a través de las urnas.
Sin embargo, el camino legal para dicha propuesta enfrenta un complejo vacío técnico. Las leyes vigentes estipulan que un referendo de revocatoria de mandato solo puede activarse una vez transcurrida la mitad del periodo gubernamental de cinco años, mientras que la actual administración del presidente Rodrigo Paz apenas computa seis meses de gestión efectiva.
Con las posturas radicalizadas, el desabastecimiento golpeando los mercados urbanos y el torneo de fútbol profesional suspendido por tiempo indefinido, Bolivia ingresa a una de sus semanas más inciertas, empeorando la difícil situación económica que el país ya arrastraba y profundizando una fractura social que parece no encontrar espacio para el consenso.
