El Ejecutivo argentino impulsa el proyecto «súper RIGI», una ambiciosa estrategia que busca atraer inversiones tecnológicas permitiendo la creación de empresas autónomas gestionadas por algoritmos y con personalidad jurídica propia.
Mientras la comunidad internacional avanza con cautela en la creación de barreras y normativas éticas para regular los riesgos de la inteligencia artificial, el Gobierno de Argentina busca dar un giro radical a la escena tecnológica global. A través de una propuesta corporativa sin precedentes, la administración de Javier Milei pretende transformar al país en el destino definitivo para el desarrollo digital, promoviendo una figura jurídica inédita: empresas operadas en su totalidad por inteligencia artificial y con responsabilidad legal independiente.
Esta estrategia, que el mandatario detalló en una columna de opinión para el diario Financial Times, forma parte del proyecto de ley denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias («súper RIGI»). El plan gubernamental aspira a capturar capitales orientados a sectores de nulo o incipiente desarrollo en el suelo argentino, poniendo especial foco en la biotecnología avanzada, los semiconductores y los sistemas automatizados de frontera.
Según reportó el portal chileno Emol, el jefe de Estado sostiene que las grandes transiciones de la humanidad exigen una renovación profunda de los marcos jurídicos tradicionales para expandir el potencial de la economía. Bajo esa premisa, el Ejecutivo argumenta que, así como la creación de las sociedades de responsabilidad limitada en el siglo XVII fue el motor del capitalismo moderno, la actual revolución computacional requiere un ecosistema legal adaptado que valide las decisiones tomadas de manera independiente por sistemas de software.
El núcleo de esta iniciativa descansa sobre la fundación de las denominadas «corporaciones no humanas». Estas singulares entidades legales serían gestionadas íntegramente por algoritmos o agentes virtuales capaces de reaccionar de forma autónoma ante los escenarios del mercado. De este modo, la presencia de inversores o directores de carne y hueso pasaría a ser opcional, ya que la legislación les garantizaría el beneficio de responsabilidad limitada de forma directa a la máquina para aislar los riesgos financieros de sus operaciones.
La propuesta argentina para liderar la carrera tecnológica se fundamenta en tres pilares: una política de regulación mínima que evita las trabas burocráticas tempranas, la mencionada categoría de empresas robóticas y un ecosistema fiscal de baja tributación. No obstante, para neutralizar el uso delictivo de estas complejas redes cibernéticas, el texto legal exigirá una estricta transparencia respecto a la identidad de los beneficiarios económicos finales de cada corporación.
Para poder acogerse a los masivos incentivos tributarios y cambiarios del «súper RIGI», los proyectos interesados deberán comprometer una inversión mínima computable de US$1.000 millones, teniendo la obligación de ejecutar al menos el 20% de dicho monto durante sus primeros dos años de incorporación al régimen. Las firmas preexistentes que busquen modernizar o adecuar sus instalaciones actuales quedan excluidas del beneficio, asegurando que los estímulos se dirijan solo a nuevos desarrollos.
A cambio de esta inyección de divisas, la administración de Milei ofrece un paquete de beneficios fiscales que reduce el Impuesto a las Ganancias a un 15% (frente al 25% del RIGI convencional) y rebaja la tasa sobre dividendos y utilidades a un 3,5%. Asimismo, implementa esquemas de amortización acelerada de infraestructura, créditos fiscales para cancelar el IVA en la compra de activos tecnológicos y exenciones totales para los derechos de exportación e importación asociados al proyecto.
En el ámbito de las relaciones laborales y de divisas, el proyecto del Poder Ejecutivo propone una tasa única del 10% en contribuciones patronales para las nuevas contrataciones de personal. Adicionalmente, se garantiza una flexibilización cambiaria que otorga la libre disponibilidad progresiva de las divisas obtenidas por exportaciones —alcanzando el 100% al cabo de tres años— liberando además a las firmas de la obligación de liquidar en el mercado local los aportes de capital y financiamientos externos.
La osada jugada de la Casa Rosada no está exenta de debates técnicos y filosóficos por parte de expertos internacionales, quienes miran con cautela los vacíos sobre la responsabilidad civil ante eventuales daños causados por algoritmos y el papel que jugará el ser humano en las organizaciones del mañana. Con todo, la meta de la actual administración argentina es marcadamente estratégica: lograr que las leyes de vanguardia actúen como un imán para el capital de riesgo y sitúen definitivamente al país en el centro de la economía digital global.
