El asesinato de un niño de 12 años reactivó en el Congreso el debate por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Mientras avanzan proyectos para endurecer sanciones y bajar la edad de imputabilidad, la comparación internacional y la evidencia disponible aportan antecedentes para dimensionar qué medidas reducen efectivamente el delito juvenil.
El debate sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) escaló esta semana tras el asesinato de Alejandro, de 12 años, durante una encerrona en San Bernardo. Por el crimen hay seis personas detenidas y dos de ellas adolescentes de 17 años.
El Gobierno definió su camino: acelerar el trámite legislativo para endurecer las sanciones, pero sin bajar la edad de imputabilidad de forma general. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el de Seguridad, Martín Arrau, anunciaron que pondrán discusión inmediata a un proyecto del senador Andrés Longton (RN) —ya listo para votarse en general en el Senado— y le sumarán un paquete de indicaciones.
La propuesta habilita que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos, a solicitud del fiscal y con resolución fundada de un juez, en el caso de imputarse cualquiera de 17 delitos graves. También, eleva a 10 años el tope de internación para menores de 16 años y dispone su traslado a un recinto de Gendarmería al cumplir la mayoría de edad, cuando así lo recomiende el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
El catálogo de 17 delitos comprende:
- Secuestro
- Secuestro de menores
- Violación
- Abuso sexual calificado
- Parricidio
- Homicidio simple
- Homicidio calificado
- Robo calificado
- Robo con violencia
- Robo con intimidación
- Incendio con resultado de muerte o lesiones
- Incendio
- Tenencia o colocación de artefactos explosivos
- Homicidio y lesiones contra funcionarios de Carabineros
- Homicidio y lesiones contra funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI)
- Homicidio y lesiones contra funcionarios de Gendarmería de Chile
- Cualquier otro delito cuya pena sea presidio perpetuo
En paralelo, otras iniciativas apuntan directamente a la edad, como la solicitud de la bancada de la UDI que pidió urgencia para un proyecto que rebaja la imputabilidad de 14 a 13 años, cuestión descartada por el gobierno hasta ahora. La Cámara aprobó —por 77 votos a favor, 40 en contra y 9 abstenciones— una resolución que solicita al Presidente Kast acelerar dicha tramitación. La diputada Camila Flores (RN) impulsó, por su parte, bajarla hasta los 12 en 2025.
Quienes promueven estos cambios citan cifras del Ministerio Público según las cuales los menores vinculados a organizaciones criminales habrían pasado de 4.158 en 2022 a 4.675 en 2023 y 4.966 en 2024.
¿Reduce el delito juvenil el endurecimiento penal? La comparación con otros países y la evidencia acumulada en la última década aportan antecedentes.
Experiencia internacional con medidas similares
La edad de imputabilidad en Chile es de 14 años, lo que la sitúa dentro del estándar internacional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y de las convenciones internacionales que el país suscribe. La ONU, de hecho, recomienda no bajarla. En otros países de la región el piso es de 12 años —como Brasil y Ecuador—, pero siempre manteniendo la responsabilidad penal adulta en los 18: por debajo de esa edad solo se aplican regímenes similares al chileno, con medidas socioeducativas y no cárcel de adultos.
La experiencia reciente de esos países aporta antecedentes sobre qué ocurre cuando se endurece. Ecuador vive una escalada real: en medio de la guerra del narcotráfico, los homicidios de niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años subieron un 68% en el primer semestre de 2025 respecto del mismo período de 2024, y las aprehensiones de adolescentes de 12 a 17 años por delitos crecieron un 32,5% en los primeros cinco meses de 2026. El reclutamiento de menores por bandas criminales se consolidó como práctica sostenida, con 257 casos formales registrados en 2025, cifra que las propias autoridades reconocen subestimada.
En ese contexto, en junio de 2025 Ecuador elevó con fuerza las penas a adolescentes —de un máximo de 8 años a internamientos de hasta 12 a 15 años por delitos de crimen organizado—, reforma que UNICEF calificó de «regresiva» y de afectar «gravemente a los adolescentes». Es temprano para medir su efecto, pero organismos de derechos de la niñez advierten que profundiza un modelo sin evidencia de que reduzca el delito.
Estados Unidos ofrece una perspectiva de largo plazo. Tras el pánico por los «superdepredadores» de los años noventa, numerosos estados bajaron la edad para juzgar a menores como adultos y ampliaron el catálogo de delitos transferibles. Sin embargo, los arrestos de menores se desplomaron más de un 75% desde su punto máximo de 1996, mientras el sistema se orientaba cada vez más hacia la derivación y la rehabilitación. Y sobre el mecanismo central de esa ola punitiva, la evidencia es adversa: una síntesis de la Oficina de Justicia Juvenil halló que cinco de nueve estudios reportaron un aumento de la reincidencia en los menores procesados por tribunales de adultos, en lugar de una disminución.
El fenómeno en Chile y sus raíces
Los ingresos de adolescentes al sistema penal chileno aumentaron un 9,8% en 2023, la cifra más alta en siete años, aunque buena parte de ese salto corresponde a un rebote desde los pisos históricos de la pandemia. La Defensoría de la Niñez precisa que el grupo de adolescentes involucrados es más reducido que antes, pero comete hechos más violentos.
Ese núcleo comparte antecedentes de exclusión temprana, periodo significativo en la trayectoria de los adolescentes. Según la caracterización de adolescentes infractores del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC y UNICEF (2025), un 70% vivió la separación o ausencia de sus padres, un 48% fue víctima de violencia intrafamiliar, un 56% presenció violencia en su comunidad y un 56% presenta al menos un trastorno de salud mental.
El fracaso escolar es otro antecedente recurrente y al que expertos hacen énfasis. Un estudio del Instituto Milenio MIPP demostró que reincorporar al sistema escolar a un joven que había desertado reduce en un 79% sus delitos violentos dos años después.
Estos datos coinciden con los estudios correspondientes al desistimiento: la conducta infractora alcanza su punto máximo entre los 18 y 21 años y decae de forma sostenida después, y la mayoría de los jóvenes que delinquen no persiste en la adultez.
¿Se reduce la reincidencia?
La última medición oficial de reincidencia (SENAME, 2024), que sigue a los jóvenes durante 24 meses tras egresar, muestra una diferencia consistente: quienes completan su programa de sanción reinciden bastante menos que quienes lo abandonan. En la cohorte 2015, por ejemplo, la reincidencia fue de 42,4% entre quienes egresaron de forma satisfactoria y de 61,6% entre quienes incumplieron. El factor que marca la diferencia, según esos registros, es que el adolescente permanezca en el sistema y llegue hasta el final de la intervención.
En paralelo, la reincidencia general del sistema ha ido a la baja en la última década, mientras aumentaba la proporción de jóvenes que completan sus sanciones.
El exministro de Justicia Jaime Gajardo, en entrevista con ADN Hoy, situó esa caída entre un 52% en 2009 y cerca de un 25% en la actualidad, y la atribuyó al sistema especializado que creó la LRPA. «Hemos logrado disminuir 25 puntos en reincidencia de los jóvenes conforme a lo que había antes», afirmó.
Gajardo cuestionó, además, la propuesta del Gobierno. «Lo que nos dice la evidencia internacional es que aumentar las penas, agravarlas y disminuir la edad de responsabilidad penal adolescente no tiene impacto en la criminalidad», sostuvo, y advirtió que varias de las medidas anunciadas acercarían a Chile al modelo previo a la ley, cuando los adolescentes eran procesados y encarcelados como adultos. A su juicio, el foco debe estar en la prevención, la reinserción, la intervención barrial, la educación y los programas contra el consumo problemático de drogas y alcohol.
La evidencia internacional apunta en la misma dirección y suma el enfoque restaurativo, que busca reparar el daño mediante el encuentro voluntario entre la víctima y el infractor. Un meta-análisis global de 2024 —32 estudios y más de 18 mil participantes— halló que estos programas reducen la reincidencia de forma significativa, con efectos mayores en infractores jóvenes. Las evaluaciones de mediación entre víctima e infractor registran tasas de reincidencia cercanas a un tercio más bajas, con delitos posteriores menos graves.
El caso más citado es el de Nueva Zelanda: tras incorporar en 1990 las conferencias de grupo familiar —un mecanismo restaurativo—, las condenas a prisión juvenil cayeron alrededor de un 80%. Estos modelos, además, entregan algo que el sistema puramente punitivo no ofrece: mayor satisfacción y percepción de justicia por parte de las víctimas.
Chile ya incorporó ese enfoque. La Ley N°21.527 creó el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y sumó por primera vez la mediación penal juvenil con orientación restaurativa, además de reemplazar el antiguo pago por joven atendido por un financiamiento ligado a estándares de calidad. Su implementación gradual culmina en 2026 en la zona centro —Valparaíso, O’Higgins y la Región Metropolitana—, en paralelo al nuevo ciclo del debate legislativo.
El dilema del Congreso
El proyecto base, del senador Andrés Longton (RN), ya está listo para votarse en general en la Sala del Senado; sobre él, el Gobierno ingresará indicaciones con discusión inmediata para incorporar la transferencia de adolescentes de 16 y 17 años a la justicia adulta en delitos graves. Es la apuesta del Ejecutivo: endurecer los casos más graves sin bajar la edad de imputabilidad de forma general.
A ese carril se suman propuestas que sí apuntan a la edad. La bancada de la UDI insiste en rebajarla a 13 años y logró que la Cámara aprobara —por 77 votos contra 40 y 9 abstenciones— una resolución que pide al Presidente Kast acelerar esa tramitación; la diputada Camila Flores (RN) va más lejos y propuso en 2025, rebajar a los 12. En el Senado, además, hay al menos otras dos mociones sobre reformas al sistema.
En la vereda contraria, sectores de la oposición parlamentaria —Frente Amplio, Partido Comunista y parte del Socialismo Democrático— han rechazado los intentos de endurecer penas y bajar la edad, en línea con la Defensoría de la Niñez y UNICEF, que advierten que esas medidas carecen de respaldo empírico y recomiendan concentrar los esfuerzos en la prevención y la reinserción. La Defensoría ha recordado, además, un fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile que subraya que un sistema penal juvenil no puede ser estrictamente punitivo.
En paralelo, el propio Gobierno empuja iniciativas de prevención: un proyecto de responsabilidad parental, ingresado en junio, y otro que crea un delito específico para los adultos y las organizaciones que utilizan a menores para delinquir.
El desafío que enfrenta el Congreso es, en definitiva, doble: responder con la urgencia que exige un caso que conmocionó al país y, al mismo tiempo, no desarmar el modelo de reinserción y justicia restaurativa que la propia legislación chilena recién comenzó a implementar.
