Felipe Vergara Maldonado
Analista político
Director de Postgrados FEN UNAB
Cuesta entender por qué ciertos países logran romper el círculo de la tiranía mientras otros, con una historia de revolución y promesas de libertad y justicia, como el caso de Nicaragua, se quedan atrapados. La revolución sandinista prometió alguna vez derribar una dictadura para inaugurar una era distinta, pero terminó devorando su propia promesa. Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidaron un régimen autocrático a partir de la figura de la «copresidencia» y la reforma de la Constitución a la medida del matrimonio gobernante. Junto a cualquier aspiración democrática se destruyó la separación de poderes y cerró formalmente posibilidad de alternancia democrática.
Lo que distingue a esta dictadura de tantas otras es que ya no se trata de un régimen que manipula elecciones para simular legitimidad; en este caso Ortega decidió no volver a celebrarlas como la coronación de un proceso de años de desmantelamiento institucional. La vía electoral fue sofocada progresivamente desde la brutal represión a las protestas de 2018 hasta llegar a cruzar un límite en que ni siquiera es necesario tomarse la molestia de fingir, de mostrar algo de pudor; no, lo que se busca es exhibir el poder más férreo, ese que recae hoy en la dupla Ortega-Murillo, imponiendo un modelo absolutista y dinástico que asfixia a la sociedad del país más grande de Centroamérica.
Para consolidar esa hegemonía, el régimen se propuso erradicar cualquier espacio de conciencia crítica o autoridad moral. La implacable persecución contra la Iglesia Católica, que en otros tiempos sirvió como refugio y voz de consuelo para el pueblo, representa uno de los ejemplos más oscuros de la autoridad de la pareja gobernante. En ella, obispos, sacerdotes y religiosas han sido objeto de acoso, encarcelamiento y destierro. La prohibición de expresiones de fe, el cierre de obras sociales eclesiásticas y la confiscación de bienes dan cuenta de la eliminación de cualquier otro poder o influencia sobre los nicaragüenses.
Para qué hablar de la prensa independiente y de la oposición política cuya persecución ha sido igualmente devastadora. Ya no quedan medios libres operando dentro del país y los periodistas han tenido que elegir entre el silencio, la cárcel o el exilio. A la oposición se la desarticuló de forma sistemática, con partidos prohibidos, líderes encarcelados y cientos de ciudadanos declarados como «traidores a la patria», que fueron despojados de sus bienes e, incluso, privados de su propia nacionalidad, como una forma de borrar identidades y decidir quién tiene derecho a existir como nicaragüense.
Esta fórmula de arbitrariedades borra del derecho a elegir, las voces y la vía pacífica para resolver los conflictos del país. Con este nivel de opresión, el mundo no puede mirar hacia otro lado ni limitar su respuesta a condenas tibias, en especial, porque hablamos de la dignidad humana.
