Su informe, Bachelet, quien visitó el país entre el 19 y el 21 de junio, entrevistó a más de 558 personas, la mayoría víctimas de abusos y testigos.El gobierno de Venezuela ha cometido «numerosas violaciones de los derechos humanos».
Es la conclusión la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien hizo público este jueves un informe sobre la situación en el país sudamericano.
El gobierno de Nicolás Maduro rechazó las conclusiones de Bachelet por considerar que «no es objetivo ni imparcial» y presenta una visión «selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos» en el país.
El contenido del reporte de la expresidenta de Chile es similar al de investigaciones anteriores de la ONU, así como de otras organizaciones internacionales, que también fueron rechazados por el gobierno.
Para su informe, Bachelet, quien visitó el país entre el 19 y el 21 de junio, entrevistó a más de 558 personas, todas ellas víctimas de abusos y testigos.
Este viernes, la expresidenta de Chile presenta el informe para su estudio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunido en Ginebra, Suiza.
Su difusión se produce pocos días después de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo mientras permanecía detenido por los servicios de inteligencia acusado de participar en un complot golpista contra el presidente Nicolás Maduro.
Y poco después también de que agentes de policía del Estado Táchira dejaran sin ojos a perdigonazos a un joven que protestaba por la falta de gas en su comunidad.
La alta comisionada prevé que, de no mejorar la situación en Venezuela, seguirá aumentando el número de venezolanos que abandona su país. Ya son más de cuatro millones, según las estimaciones de Naciones Unidas.
Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro presentó este jueves 70 «observaciones» que dan cuenta de los errores que, según las autoridades venezolanas, contiene el informe de Bachelet.
El capitán Rafael Acosta murió bajo custodia de las autoridades.«Ejecuciones extrajudiciales» para el «control social»
Aunque no da por probados los supuestos homicidios perpetrados por las fuerzas de seguridad, el informe de Bachelet afirma que «miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han muerto en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años».
La comisionada afirma que «existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular la FAES».
La FAES es la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, un cuerpo de seguridad creado por orden de Maduro con el objetivo declarado de erradicar la delincuencia.
La actuación del FAES ha estado rodeada de polémica desde su creación y se han registrado numerosas denuncias de atropellos y abusos de sus integrantes.
Bachelet expresó su preocupación con que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES, y posiblemente a otras fuerzas de seguridad «como parte de una política de control social«.
«Detenciones arbitrarias» y tortura contra la oposición
Según el informe de la comisionada, no es la FAES el único cuerpo policial responsable de «graves vulneraciones».
Rufo Antonio Chacón, de 16 años, perdió los dos ojos después de que los agentes dispararan a bocajarro contra él cuando participaba en una protesta por la falta de gas.Así, el documento dice que «la Guardia Nacional y la Policía Nacional han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014″.
Al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el informe les atribuye haber sido «responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares».
Igualmente, «los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia».
«Corrupción» en un país con 3,7 millones de desnutridos
Bachelet concluye que en Venezuela también se conculcan los derechos económicos de los ciudadanos.
«El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural», afirma el informe.
El derecho a la alimentación de los venezolanos tampoco pasa por su mejor momento, de acuerdo con las conclusiones del informe, que afirma que «el principal programa de asistencia alimentaria, conocido como ‘cajas CLAP’, no cubre las necesidades nutricionales que son elementales para la gente».
Bachelet recuerda que 3,7 millones de venezolanos se encuentran en estado de desnutrición, de acuerdo con las cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación.
Y asegura que «además de la hiperinflación y la contracción de la economía, las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década han debilitado los sistemas de producción y distribución de alimentos, aumentando la cantidad de personas que dependen de programas de asistencia alimentaria».
El gobierno de Nicolás Maduro negó reiteradamente que Venezuela sufriera ninguna crisis humanitaria.
En los últimos tiempos ha comenzado a aceptar la ayuda de organizaciones como Cruz Roja, pero mantiene que los problemas económicos del país se deben a las sanciones económicas y «al bloqueo criminal» impuesto por Estados Unidos.
El informe de la comisionada también aborda este asunto y recuerda que «la economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial».
E indica que «las últimas sanciones económicas están agravando aún más los efectos de la crisis económica y por tanto la situación humanitaria».
Una salud que «lleva años deteriorándose»
Según la ONU, millones de personas han tenido que salir de Venezuela debido a la crisis.La expresidenta recoge que «la atención a la salud que lleva años deteriorándose» y «se caracteriza por el éxodo de doctores/as y personal de enfermería, así como por graves carencias en la atención médica básica y de medicamentos».
Las cifras que recoge dan idea de la magnitud del problema. Calcula que entre noviembre 2018 y febrero 2019, «1.557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales».
La escasez de medicamentos y el grave estado de los servicios sanitarios venezolanos es algo que los profesionales locales del sector llevan años denunciando. El informe de Bachelet corrobora sus denuncias.
El gobierno de Nicolás Maduro también atribuye estas carencias a la «agresión imperial» del gobierno de Donald Trump.
«Restricciones a los medios de comunicación independientes»
Para Bachelet, «el gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes», una situación que ha continuado empeorando desde el año pasado.
El informe recoge el cierre de decenas de medios impresos, emisoras de radio y cadenas de televisión, así como el aumento en las detenciones de periodistas, incluidas las de periodistas extranjeros que terminaron siendo expulsados del país.
«Actualmente hay centenares de periodistas venezolanos/as exiliados/as. Internet y las redes sociales se han convertido en los principales medios de comunicación e información de la población, limitando aún más el acceso a la información independiente de las personas que no tienen acceso a internet», concluye el estudio.
La actuación del FAES genera polémica en Venezuela.
Reacción del gobierno de Maduro
Mediante un documento divulgado este 4 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro presentó 70 «observaciones» que dan cuenta de lo que considera son errores del informe de Bachelet.
En el documento, el gobierno venezolano le solicita a la alta comisionada «adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe».
El gobierno de Maduro denuncia que el documento distorsiona la realidad y fue elaborado con «importantes debilidades» metodológicas en las que «se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial».
La respuesta del gobierno considera también que el informe de Bachelet «omite en su totalidad los logros y avances» de Venezuela en materia de derechos humanos.
«Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la OACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles», sostiene el documento publicado por el ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.
