Les asusta manejar, acudir al médico o interponer una denuncia si han sido víctimas de un crimen.
Pero también les da miedo quedarse en casa.
Los inmigrantes indocumentados en Florida tienen desde esta semana un motivo más de preocupación: la ley SB 168.
Aprobada por el congreso y el senado estatales en mayo, la ley entró en vigor el pasado 1 de julio y convirtió a Florida en uno de los estados más estrictos con la inmigración irregular de todo Estados Unidos.
Contra las ciudades santuario
La ley SB 168 prohíbe las llamadas «ciudades santuario», como se conoce a las ciudades que, de forma explícita, rechazan colaborar con las autoridades federales de migración en el proceso de deportación de indocumentados.
Así, todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía del estado deben hacer cumplir la ley federal de inmigración y colaborar con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para detener y deportar inmigrantes.
En 2017, Carlos Giménez, alcalde del condado de Miami Dade (que incluye ciudades como Miami, Hialeah, Doral y Miami Beach), ya renunció a que su ciudad fuera santuario y dijo que se iban a empezar a satisfacer las peticiones de ICE.
«En Miami no cambia mucho la situación», le dice a BBC Mundo Thomas Kennedy, director político de la Coalición Inmigrante de Florida, «pero con la nueva ley esto pasará en todos los condados, en todo Florida».
«Básicamente, todas las cárceles locales van a tener que retener a inmigrantes indocumentados 48 horas extra y le enviarán la información a ICE».
Organizaciones de apoyo a inmigrantes se oponen frontalmente a la ley SB 168 que entró en vigor en Florida el pasado 1 de julio.Principales consecuencias
La entrada en vigor de esta ley se suma a la amenaza de redadas migratorias que, según el presidente Donald Trump, pueden empezar tan pronto como el 4 de julio, salvo que se produzca un acuerdo con los demócratas en el Congreso.
Esto ha hecho que los inmigrantes indocumentados modifiquen sus rutinas, principalmente en relación con el transporte.
A diferencia de otros estados, en Florida una persona indocumentada no puede obtener una licencia de conducir.
«Imagínate que la luz de tu carro está rota, te para la policía por eso y no tienes licencia», explica Kennedy. «El policía te puede arrestar y de ahí te transfieren a la cárcel del condado».
«Amparadas por esta ley, las autoridades penitenciarias pueden mandar tu información a ICE y mantenerte en la cárcel unas 48 horas más para que ICE te venga a buscar», agrega.
Esto ha llevado a que muchos inmigrantes no se decidan a salir en auto, como le cuenta Nery L., a la agencia EFE.
«Hoy es un triste día de miedo para nosotros. Demasiados funcionarios electos en Florida han dado la espalda a nuestra comunidad de inmigrantes al aprobar este proyecto de ley de deportación», dice.
De por sí reacios a visitar organismos oficiales, los inmigrantes indocumentados de Florida serán aún menos propensos a acudir al médico o pedir ayuda de las autoridades.
Petición de asesoría
La ley SB 168 le otorga más poder a los agentes federales de migración.
Las organizaciones de apoyo a los inmigrantes ya han empezado a percibir el cambio.
«Antes de esta ley llegaban alrededor de 100 llamadas por semana a la Coalición, ahora están llegando entre 700 y 800 por semana«, indica Kennedy.
«Son casos fuertes: mujeres que han sido violadas que tienen miedo a denunciar el delito, gente que tiene miedo a las redadas, personas que llaman diciendo que tienen miedo a quedarse en la casa porque piensan que ICE los va a venir a buscar», comenta.
«La gente está con mucho miedo, la verdad, es muy triste», lamenta.
Para el presidente del Partido Republicano de Florida y principal patrocinador de la ley, Joe Gruters, y para el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, esto es solo el principio de una política migratoria mucho más restrictiva en el estado del sol.
Alto costo
La nueva ley tendrá también un impacto económico sobre Florida.
No solo habrá pérdidas por el efecto de la ley en los sectores de la agricultura y el turismo, donde suelen trabajar muchos de los inmigrantes indocumentados, sino que aumentará el gasto de las cárceles.
Según el estudio «El costo de la complicidad», elaborado conjuntamente por la Coalición Inmigrante de Florida, el Community Justice Project y WeCount!, el condado de Miami Dade se gasta desde 2017 unos US$14 millones al año en cumplir con los detainers, las órdenes migratorias que emite ICE.
Aun así, los activistas de migración no creen que las pérdidas económicas supongan un elemento disuasorio para los defensores de este tipo de leyes.
«Esta ley es una táctica electoral para movilizar a la base republicana, al votante blanco e incluso al votante latino que se piensa que no es inmigrante, que esto es solo para los «inmigrantes malos»», opina Kennedy.
El representante de la Coalición Inmigrante de Florida no cree que la retórica se vaya a suavizar de cara a las elecciones presidenciales de 2020.
