Era una de las consecuencias previsibles del cambio de mando en Bolivia y los directos afectados lo sabían bien.
No fueron pocas veces en las que Evo Morales, en tono de broma, les decía a sus asesores y funcionarios que iban a salir tan «quemados» cuando acabara su gobierno que las repercusiones no serían pocas.
«Adónde irán a conseguir trabajo», bromeaba el expresidente en la época en la que el final de su era sonaba muy lejano.
Sin embargo, mucho antes de lo que Morales y los suyos hubiesen querido, el cierre de su larga gestión se precipitó de una manera tan dramática como súbita.
Las elecciones del 20 de octubre con las que Morales pretendía asegurarse la presidencia hasta 2025 fueron contestadas con una ola de protestas por un presunto fraude que socavó la credibilidad de la victoria que se atribuyó el ahora exmandatario.
Un informe de la Organización de Estados Americanos terminó de sepultar esa votación y un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas pidiendo a Evo dar un paso al costado fue la antesala de la renuncia presidencial el pasado 10 de noviembre.
Desde entonces la crisis política boliviana no ha dado tregua y, apenas una semana después de la renuncia, ya se vislumbra que cobra tintes de realidad aquel vaticinio en tono de broma que hacía Morales, quien insiste en denunciar que cayó víctima de un golpe de Estado.
«Ajuste de cuentas»
No habían pasado ni 24 horas de la partida de Morales rumbo a México para iniciar una nueva vida como asilado político cuando Jeanine Áñez, una senadora contraria a él, juró como presidenta interina.
Y la primera señal que mandó su flamante ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue señalar que iba a cazar a las autoridades del gobierno saliente que seguían incitando las protestas en las calles del país.
«Inmediatamente me ponga en reunión con la policía voy a dar las instrucciones necesarias. Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana», dijo la autoridad en referencia a quien fue el ministro de la Presidencia de Morales y viejo adversario político suyo.
Murillo, uno de los detractores de Morales desde el primer día que llegó al gobierno, añadió que Quintana «no será el único y les vamos a aplicar todo el rigor de la ley».
Días después, la autoridad dobló la apuesta al anunciar que esta semana publicaría una lista de los congresistas del partido de Evo Morales que participan en «actos de sedición» y los procesará con la fiscalía.
«Vamos a ajustar las cuentas. No es venganza, es justicia«, señala a BBC Mundo Rafael Quispe, diputado y líder indígena crítico con Evo Morales.
El parlamentario, quien en los primeros años del mandato del expresidente fue su aliado, resalta que en los últimos tiempos fue enjuiciado 20 veces por el gobierno saliente.
«Nos han perseguido a quienes éramos opositores, en cambio de ellos ningún juicio ha llegado a su fin porque controlaban la justicia», indica el líder indígena.
Quispe añade que «ahora que los tribunales ya no están coaccionados ojalá que cumplan su función y metan un proceso a Morales«.
«De acuerdo a mis investigaciones, ha sido el gobierno más corrupto de la historia del país», concluye el exaliado de Evo.
La suite presidencial
En los cerca de 14 años del gobierno de Evo Morales, numerosos políticos «del pasado» fueron enjuiciados y encarcelados por diferentes razones.
Algunos de ellos llegaron a morir en sus celdas y otros dejaron el país declarándose «exiliados políticos».
Durante todo este tiempo, los detractores del expresidente acusaron a su gobierno de controlar la justicia para hacer persecución política a los opositores de ese entonces.
Otro reclamo frecuente es que el partido del líder cocalero logró controlar la institucionalidad judicial, constitucional y electoral del país puesto que eligió a todos sus miembros gracias al control absoluto que tuvo en la Asamblea Legislativa Plurinacional entre 2010 y este año.
Hoy en día, con los autoproclamados perseguidos políticos gobernando el país, las primeras señales del cambio en la correlación de fuerzas no solo se redujeron a los anuncios de Murillo y Quispe.
El gobierno interino invitó a periodistas a visitar las entrañas de la Casa Grande del Pueblo, el edificio de más de 20 pisos que Morales mandó construir y en el que apenas llegó a gobernar un año y dos meses.
Así, las cámaras registraron cómo eran los ambientes reservados a los que la prensa casi nunca tenía acceso. Oficinas, comedores, despachos…
Sin embargo, lo que generaba mayor expectativa eran los pisos 23 y 24, reservados a la oficina y habitación privada de Evo.
Invitados por el nuevo gobierno, los periodistas tuvieron acceso a los cajones, armarios, cama e incluso el baño del expresidente. Todo quedó en exposición.
Otra señal de que soplan otros vientos en el país es que el diario estatal Cambio fue rebautizado este domingo con el nombre de Bolivia y la línea editorial de todos los medios del Estado fue cambiada.
Los colaboradores más cercanos
Juan Ramón Quintana ya tiene encima la pública amenaza del actual ministro de Gobierno, pero no es la única exautoridad o funcionario del anterior gobierno que se siente bajo riesgo.
Se ignora el paradero de la mayoría de los exministros de Evo, además de varios mandos altos y medios, lo que ha dado pie a la circulación de rumores tales como un desembarco en Cuba o escapes temerarios por pasos fronterizos en el sur del país.
Las nuevas autoridades presentaron a un grupo de nueve venezolanos supuestamente implicados en actos de sedición.Con paradero desconocido, uno de los principales colaboradores de Morales comparte a través de WhatsApp videos de cómo los seguidores del líder cocalero sufren fuertes represiones por parte de las fuerzas policiales que ahora obedecen al nuevo gobierno en las ciudades del país donde es más agudo el conflicto.
Ante una consulta periodística señala que no puede dar declaraciones por el lugar donde se encuentra.
Mientras tanto, muchos de los mandos altos y medios presentan sus renuncias o ponen sus «cargos a disposición» del nuevo Ejecutivo de manera voluntaria o por solicitud expresa.
Y en las calles, los defensores de Morales se enfrentan con las fuerzas de seguridad con un saldo de al menos 18 muertes desde que empezó la crisis.
Cuba, México y Venezuela
Por su parte, el pasado jueves, la canciller en funciones, Karen Longaric, anunció que solicitará a la embajada mexicana en Bolivia la lista de los exmiembros del gobierno de Morales que se encuentran allí refugiados.
La nueva jefa de la diplomacia también anunció que quedaban despedidos todos los «embajadores políticos» de Morales alrededor del mundo.
El gobierno de transición declaró la ruptura de relaciones con el mayor aliado político de Bolivia, Venezuela, y pidió a todo el personal diplomático de ese país que abandone su territorio.
Además, nueve venezolanos fueron detenidos acusados de portar armas largas y fueron presentados ante la prensa, esposados y bajo custodia de Interpol.
Por si fuera poco, enviados de Cuba, otro país muy amigo del gobierno de Evo Morales, ya comenzaron a dejar el país.
El ministro de Gobierno mostró el viernes una lista de más de 700 ciudadanos de la isla caribeña que tienen las horas contadas en suelo boliviano.
«No los vamos a perseguir»
En una entrevista reciente con la BBC, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, aseguró que los casos que se vienen registrando no representan una cacería ni una revancha.
«No es una persecución, no vinimos para eso», afirmó.
La autoridad transitoria dijo que será la justicia la que defina el futuro de Evo Morales y los colaboradores que lo acompañaron a lo largo de su mandato.
Pero apunta de inmediato que ellos no solo deberán responder por el «fraude electoral descarado» que les es atribuido, sino también por las denuncias de corrupción presentadas en el pasado y que, vaticina, se presentarán.
Y concluyó que el expresidente ahora asilado en México tendría que volver a Bolivia para rendir cuentas ante la justicia.
