Mucho antes de que George Floyd muriera la semana pasada, los esfuerzos para revisar las prácticas policiales en Mineápolis fueron frustrados repetidamente por un poderoso sindicato de 800 miembros que defendió las tácticas policiales de tipo militar.

El contrato laboral del sindicato con la ciudad es un formidable obstáculo para los ciudadanos que quieren que se sancione disciplinariamente a policías después de encuentros violentos. Dirigido por el teniente Bob Kroll, el expresivo y duro presidente del sindicato durante cinco años, los oficiales rara vez se enfrentan a sanciones, según descubrió Reuters.

Un análisis de las quejas contra los oficiales de policía de Mineápolis de los últimos ocho años muestra que 9 de cada 10 acusaciones de mala conducta fueron resueltas sin castigo o intervención para cambiar el comportamiento de un oficial. El análisis abarcó unas 3.000 quejas durante un período en que fueron despedidos cinco oficiales.

El contrato del sindicato de Mineápolis no es inusual. Docenas de otros convenios en Estados Unidos contienen disposiciones que obstaculizan los intentos de responsabilizar a los policías por la violencia y otros supuestos abusos, según una investigación de Reuters en 2017.

La agencia de noticias examinó los contratos en 82 ciudades para ese artículo y encontró que 46 departamentos exigían que se borraran los registros disciplinarios, algunos después de sólo seis meses. La ausencia de un historial en papel dificulta el despido de oficiales con antecedentes de abusos, dicen los abogados y jefes de policía.

El reto para los ciudadanos que buscan justicia se ve agravado por una doctrina jurídica estadounidense llamada inmunidad calificada. Una investigación de Reuters del mes pasado encontró que el concepto, creado y reforzado en una serie de sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos, protege cada vez más a los oficiales de la responsabilidad civil cuando son acusados de usar fuerza excesiva.

«Tienes inmunidad de los oficiales de policía que están más allá del castigo debido a su contrato sindical así como por la ley constitucional», dijo Gloria Browne-Marshall, profesora del John Jay College of Criminal Justice en Nueva York.

«La combinación de estos dos factores conduce a la arrogancia de un policía que puede matar a un hombre a plena luz del día mientras le graban y cree que puede salirse con la suya», dijo Browne-Marshall, que enseña derecho constitucional.

«Cuando no hay consecuencias, es cuando la gente actúa con impunidad».

En Mineápolis, los agentes han usado con éxito la doctrina de la inmunidad calificada para ganar demandas civiles en su contra en los tribunales federales. Es difícil identificar todas las demandas por fuerza excesiva en los registros de los tribunales federales, pero Reuters encontró 28 casos de este tipo desde 2006 hasta 2018 en los que los agentes de policía de Mineápolis plantearon una defensa por inmunidad calificada. Los jueces se pusieron de su lado en 15 de ellos, por lo que los casos terminaron sin un juicio con jurado.

El contrato del sindicato y la doctrina de la inmunidad calificada juegan un papel en envalentonar a algunos oficiales para cometer abusos, dicen expertos legales, pero no siempre proporcionan un blindaje en los casos que activan cargos criminales o desatan el escrutinio de los medios de comunicación nacionales, como ha sucedido ahora en Mineápolis.

CARGOS CRIMINALES

Los cuatro oficiales presentes en la muerte de Floyd, un hombre negro de 46 años, han sido acusados criminalmente en este caso. El fiscal general del estado acusó el miércoles a Derek Chauvin de asesinato en segundo grado y a Tou Thao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane de ayudar e instigar a un homicidio en segundo grado.

El fiscal del condado acusó a Chauvin el viernes de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario. El fiscal general del estado, Keith Ellison, dijo el miércoles que él y el fiscal ahora creen que las pruebas justifican una acusación más fuerte.

Videos muestran a Chauvin, que es blanco, arrodillado en el cuello de Floyd durante más de ocho minutos mientras el hombre desarmado jadeaba para poder respirar y gemía: «Por favor, no puedo respirar».

Kueng y Lane también sujetaron a Floyd, mientras Thao se quedó cerca.

Chauvin fue encarcelado el viernes, y los otros tres fueron fichados el miércoles. Los cuatro oficiales fueron despedidos poco después del incidente.

En una carta a los miembros del sindicato el lunes, Kroll, el presidente de la federación, escribió que estaba trabajando con los abogados del sindicato para que cada uno de los oficiales fuera reincorporado.

«Fueron despedidos sin el debido proceso», escribió Kroll.

ESTILO GUERRERO

Desde la muerte de Floyd, el normalmente franco Kroll ha hablado poco en público y tampoco respondió a las peticiones de entrevista de Reuters. En su carta del lunes, criticó a las autoridades electas por su manejo de las protestas tras la muerte de Floyd. Elogió a los oficiales de policía de la ciudad por su respuesta a «los disturbios de mayor escala que Mineápolis haya visto jamás» a los que calificó como un «movimiento terrorista» que ha estado creciendo durante años.

Sus palabras rápidamente provocaron una reacción de los líderes de la ciudad. El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, escribió en Twitter: «Para un hombre que se queja tanto de la falta de confianza de la comunidad y de apoyo al departamento de policía, Bob Kroll permanece sorprendentemente indiferente a su papel en el debilitamiento de esa confianza y apoyo».

Algunos sindicatos de Minnesota pidieron la dimisión de Kroll. Además, la junta de las Escuelas Públicas de Mineápolis votó unánimemente el martes para terminar un contrato de 1,1 millones de dólares con el Departamento de Policía en respuesta a la muerte de Floyd. El departamento había proporcionado oficiales para patrullar las escuelas.

Kroll, que se convirtió en presidente del sindicato en 2015, se ha enfrentado a jefes de policía y alcaldes pasados y presentes. Un punto clave de la contienda: El respaldo de Kroll a la llamada policía de estilo militar, que condiciona a los oficiales a ver todos los encuentros con residentes como inherentemente peligrosos. Después de que Frey terminó con este tipo de entrenamiento el año pasado, Kroll anunció que el sindicato haría que el entrenamiento fuera gratuito para cualquier oficial que lo deseara.

«La cultura es que cuando llegan a sus puestos de trabajo a la policía, es como si fueran a una zona de guerra», dijo Joshua Williams, un abogado de derechos humanos en Mineápolis. «Esa es la mentalidad (…) esta no es su comunidad.»

OBSTÁCULOS DISCIPLINARIOS

El arraigado antagonismo entre el sindicato de la policía y la comunidad ha obstaculizado los esfuerzos de los funcionarios electos de Mineápolis y de los líderes de los departamentos con agendas reformistas para cambiar la mentalidad, dice una exjefe.

Janeé Harteau, jefa de la policía de Mineápolis de 2012 a 2017, dijo que los fallos de arbitraje y las quejas del sindicato que revocaron las acciones disciplinarias dificultaron la creación de una cultura de responsabilidad en el departamento.

Entre las disposiciones contractuales que impiden los esfuerzos para corregir a los policías abusivos, hay una que prohíbe al departamento incluir las acusaciones de mala conducta en el expediente personal de un oficial a menos que las acusaciones resulten en una medida disciplinaria, lo cual significa que los investigadores no pueden considerar las quejas previas en contra de un oficial mientras investigan una nueva.

Durante las investigaciones de las denuncias de mala conducta, el contrato otorga a los oficiales concesiones que no se otorgan a los civiles sospechosos de cometer actos ilícitos. Los oficiales tienen derecho a un resumen escrito de la acusación y los hechos, y se les da hasta dos días para considerar esa información y consultar con un representante del sindicato antes de que puedan ser llamados a prestar declaración a los investigadores.

Los períodos de «enfriamiento» son típicos de los contratos sindicales de la policía en todo el país, dijo Samuel Sinyangwe, analista de políticas, y permiten a los oficiales «esencialmente poner en orden correcto los hechos» antes de hablar con los investigadores internos del departamento.

Algunos funcionarios de la ciudad dicen que la propia estructura del sindicato de la policía de Mineápolis crea preocupaciones éticas durante el proceso disciplinario. Los supervisores, que están a cargo de la disciplina, son parte del mismo sindicato que busca proteger a los oficiales acusados. El alcalde Frey ha tratado de poner fin a este acuerdo.

Incluso cuando los oficiales son despedidos por mala conducta, el contrato del sindicato les permite solicitar un árbitro para que les devuelva el trabajo. Si los cuatro oficiales del caso Floyd son declarados no culpables en un tribunal penal, pueden pedir su reincorporación según el contrato.

Los contribuyentes suelen ayudar a pagar por la defensa de los policías acusados de mala conducta, incluso en caso de muerte por negligencia. El contrato exige que la ciudad les proporcione representación legal para defenderse de los cargos relacionados con el trabajo.

UNA JEFA FRUSTRADA

En una entrevista, Harteau, la primera jefa de la policía de la ciudad, expresó su frustración por el tiempo que tardó en sacar del cuerpo a un policía de Mineápolis con un largo historial de quejas de los ciudadanos.

En 2016, despidió al oficial Blayne Lehner por infringir la política de uso de la fuerza del departamento después de que un vídeo lo mostró tirando repetidamente al suelo a una mujer en respuesta a un altercado doméstico. A lo largo de sus 18 años de carrera, había acumulado más de 30 quejas. Un árbitro, al concluir que el uso de la fuerza de Lehner no era «sustancialmente inapropiado», revocó la decisión y redujo la sanción a una suspensión de 40 horas sin goce de sueldo.

Lehner permaneció en la fuerza otros tres años hasta que fue despedido el pasado después de otra acusación de fuerza excesiva. El mismo árbitro, Stephen Befort, confirmó el despido.

«Estos casos son difíciles y cada árbitro que conozco se atormenta por obtener el resultado apropiado», dijo Befort a Reuters esta semana.

Lehner no respondió a una solicitud de comentarios. En las presentaciones de arbitraje durante el caso de 2016, el sindicato dijo que el uso de la fuerza fue «medido con severidad» y que «el largo y buen trabajo de Lehner debería ser tratado como un factor atenuante».

Jim Pasco, director ejecutivo de la Orden Fraternal de la Policía, el mayor sindicato de los agentes en el país, dijo que es fácil culpar a los contratos gremiales cuando los enfrentamientos entre la policía y los civiles provocan la indignación del público. Pero las ciudades también tienen un papel en la configuración de esos contratos.

«Se ha convertido en un juego de culpas», dijo Pasco. «Lo que los críticos nunca dicen es que los contratos no son forzados. Se negocian».

Los sindicatos de policía no «reclutan, seleccionan o supervisan a los oficiales», dijo, sugiriendo que los bajos estándares de contratación, la capacitación inadecuada y la falta de supervisión por parte de la alta gerencia socavan la calidad de las fuerzas policiales. «No todo el mundo está capacitado para ser un oficial de policía», dijo Pasco.

La FOP representa a más de 2.000 organismos de aplicación de la ley, pero no representa al Departamento de Policía de Mineápolis, que tiene su propio sindicato.

UNA MURALLA AZUL DE SILENCIO

Harteau tuvo algunos éxitos. Comenzó a entrenar a los oficiales para reconocer prejuicios y, en 2016, puso en marcha el programa de cámaras de cuerpo del departamento, a pesar de la feroz oposición del sindicato.

Ella dijo que se encontró con resistencia «en casi todos los momentos» de la federación de policía y que la muerte de Floyd muestra cómo la cultura policial se ha convertido en un problema y evita que los colegas intervengan cuando alguien se pasa de la raya.

«No creo que contratemos a malos policías», dijo el exjefe Harteau. «Creo que los eventos ocurren y dejamos que las cosas se descontrolen».

«La perspectiva del sindicato es que tenemos que apoyar a los policías sin importar lo que pase», dijo. «Apoyo el buen trabajo, pero no podemos apoyar o tolerar a los que no hacen un buen trabajo o actúan contra nuestras creencias y valores».

Kroll expresó su opinión sobre la conducta de los oficiales tras un tiroteo policial en 2015. Durante una reunión, le dijo al director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles de Minnesota que «veía el comportamiento de los policías y las quejas como si se viera un partido de baloncesto, en el que si no recibes ninguna falta no juegas lo suficientemente duro».

ACUSACIONES DE RACISMO

El propio Kroll ha sido objeto de 10 denuncias por mala conducta desde 2013, según los registros policiales, que no revelan las acusaciones en su contra. Ninguna de las quejas tuvo sanción disciplinaria y una sigue abierta.

También se le mencionó en una demanda por discriminación presentada en 2007 contra el departamento por cinco oficiales negros. Entre los demandantes estaba Medaria Arradondo, que era entonces teniente de la fuerza y ahora es la jefa, tras haber sucedido a Harteau.

En los documentos presentados ante el tribunal, Arradondo y sus compañeros alegaron que la policía de Mineápolis tenía «un historial de tolerancia a los comentarios racistas y discriminatorios por parte de sus agentes de policía blancos».

La demanda describía un incidente en 1992 en el que todos los oficiales afroamericanos recibieron una carta de odio a través del correo interno que amenazaba sus vidas. Las cartas estaban firmadas «KKK», según la demanda.

La demanda se refería específicamente a Kroll. Se alegaba que Kroll se refería a Keith Ellison, entonces congresista de Estados Unidos, como un «terrorista». Ellison, que es negro y musulmán, se convirtió en el fiscal general del estado en 2019 y ahora está ayudando a procesar a los cuatro oficiales involucrados en el caso Floyd. En la demanda también se alega que Kroll llevaba «una chaqueta de motociclista con una insignia del ‘Poder Blanco’ cosida en ella».

La demanda se resolvió en 2009 por 740.000 dólares.

Arradondo, que se convirtió en jefa en 2017, ha tratado de detener al menos una práctica policial que afecta desproporcionadamente a los residentes negros. Acabó con las detenciones por marihuana de bajo nivel después de que el defensor público del condado de Hennepin descubrió que casi todos los arrestados eran negros. El domingo por la noche, Arradondo dijo en la CNN que el asesinato de Floyd «fue una violación contra la humanidad».

Tras la muerte de Floyd a manos de un oficial blanco, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció el martes que el Departamento de Derechos Humanos del estado iniciaría una investigación sobre las políticas y prácticas del Departamento de Policía de Mineápolis en los últimos 10 años. Su misión: determinar si el departamento «ha participado en prácticas discriminatorias sistémicas hacia las personas de color y asegurar que se detengan».

Reuters por Reade Levinson y Michael Berens