El Consorcio de Universidades del Estado de Chile desea referirse a la propuesta planteada por el Ministerio de Educación en relación con el uso de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario.
Desde hace un par de años hemos solicitado a la autoridad la flexibilización en el uso de los excedentes del Fondo Solidario con la finalidad de cubrir brechas producidas por la implementación de la gratuidad, solventar gastos propios del quehacer institucional y, más recientemente, contribuir a financiar los aranceles de miles de estudiantes, afectados por la significativa caída de los ingresos de sus sostenedores. Para el año 2020, la Ley de Presupuesto de la Nación contempla la posibilidad de usar hasta un 30% de los excedentes del año 2019, lo que no se ha concretado, por cuanto el reglamento respectivo aún se encuentra en tramitación y existe una discrepancia respecto de la interpretación de la norma legal que lo sustenta.
Ante la actual crisis sanitaria, hemos solicitado al Ministerio de Educación que amplíe la interpretación restrictiva que se ha dado a la autorización para utilizar los excedentes del Fondo, así como las opciones de uso para esos recursos, con el objeto de poder solventar gastos asociados al manejo de la pandemia. En respuesta, el Ministerio de Educación planteó como condición la posibilidad de entregar una parte importante de los recursos de los Fondos Solidarios en créditos blandos a instituciones de educación superior privadas, principalmente aquellas no adscritas a gratuidad.
A este respecto consideramos necesario expresar nuestro más enérgico rechazo a esta respuesta emanada del Ministerio de Educación, toda vez que se trata de recursos propios de administración exclusiva de las universidades (Ley 18.591) y cuyos excedentes reflejan el esfuerzo que cada institución ha desplegado para la recuperación de créditos anteriores, sumado a recursos que las universidades han destinado de sus propios presupuestos.
Es importante precisar que, antes de la pandemia las Universidades Estatales planteamos la posibilidad de utilizar los excedentes de los Fondos Solidarios para hacer frente a brechas financieras derivadas de la gratuidad, como una forma de enfrentar esos déficits sin tener que acceder a nuevos recursos públicos. Esa necesidad es ahora más crítica producto del retiro temporal de muchos estudiantes, el abandono de la educación superior de otros y la reprogramación de pagos de aranceles que han hecho miles de estudiantes en el conjunto de las instituciones de educación superior.
Por otra parte, la implementación de diversas herramientas de educación a distancia puestas a disposición de nuestros estudiantes (principalmente computadores, tablets, dispositivos de conectividad, adquisición de software, fortalecimiento técnico de plataformas, sistemas de seguridad informática, entre otros), así como las múltiples actividades que estamos desarrollando para trabajar en el combate contra la pandemia, a partir del aporte de la ciencia y la tecnología, han significado la reasignación de recursos muy significativos a esos propósitos.
Lo anterior hace evidente la urgencia de autorizar a las universidades para utilizar un porcentaje mayor de sus recursos de excedente del Fondo Solidario con el objeto de cubrir el grave déficit financiero que ha generado este escenario tan complejo. No podemos olvidar que los procesos de acreditación consideran también una exigencia de viabilidad financiera que será muy compleja de cumplir si continuamos enfrentando los efectos de esta crisis sin ningún tipo de apoyo.
El sistema de financiamiento de educación superior debe ser analizado en su conjunto y no es correcto aislar un único instrumento, haciendo aparecer a las instituciones que lo poseen como favorecidas respecto de las demás. En las últimas décadas las políticas de crecimiento de matrícula -fuertemente restrictivas para las instituciones públicas- y la ingente cantidad de recursos destinados a financiar el arancel de los estudiantes, sin distinción del tipo de institución a la que acceden, han permitido un crecimiento exponencial y desregulado del sistema de educación privado, en desmedro de la oferta estatal.
Arriesgar en este momento un mayor debilitamiento de las universidades estatales, constituye un grave peligro para el país, en cuanto ellas son instituciones de educación superior que han sido creadas por ley con la misión de contribuir al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo sustentable e integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura, todas ellas funciones que hoy resultan esenciales para hacer frente a la grave crisis económica y social que afecta a nuestro país.
Esperamos que al leer estas palabras la comunidad pueda entender que no son sentimientos de mezquindad los que inspiran nuestra preocupación por el nuevo uso que el Ministerio de Educación quiere dar a los recursos del Fondo Solidario de Crédito Universitario, sino la justificada razón que asiste a nuestras universidades para utilizar recursos propios, principalmente en beneficio de nuestros propios estudiantes y en el cumplimiento irrestricto de nuestra misión.
