El anuncio de la entrada del agua en la bolsa de mercados de futuros causó furor en redes sociales. ¿Qué representa esta medida y qué puede significar para América Latina?
El índice Nasdaq Veles California Water Index (NQH20) se lanzó en octubre de 2018, no obstante, el 7 de diciembre se empezaron a cotizar oficialmente contratos futuros de aguas basado en el índice en la bolsa de valores de Nueva York.
La semana pasada, CME Group lanzó el primer contrato del mercado de futuros del agua del mundo que permite a los compradores y vendedores intercambiar un precio por la entrega de cantidades fijas de agua en un futuro. «A través de la cotización del bien natural crucial para la vida humana y los ecosistemas, se espera llegar a un uso más eficiente del bien cada vez más escaso y a una mayor transparencia de precios”, dijo a DW Ingrid Wehr, directora de la Heinrich Böll Stiftung de Centroamérica.
No obstante, «el agua siempre ha tenido un precio, ya sea en una botella de agua para beber, en los alimentos que consumimos o en la energía que utilizamos”, recordó a DW Hugo Contreras, economista ambiental y director de Seguridad Hídrica de The Nature Conservacy para Latinoamérica. «Lo novedoso es que ahora, al estar cotizada en un mercado tan importante, su precio va a ser más visible”, recalcó.
«Los mercados de agua son mecanismos que permiten transar derechos sobre ese recurso natural. Normalmente funcionan con reglas arbitradas por los gobiernos, pero influidos por incentivos privados”, explicó a DW Carlos Lozano Acosta, abogado sénior del Programa de Agua Dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). «Entre los derechos que se pueden transar, también están los de uso”, agregó.
Así, aunque «en la gran mayoría de los países del mundo, las leyes consideran el agua como un bien nacional de uso público, los estados han otorgado derechos de uso a través de concesiones o licencias administrativas o han entregado servicios a empresas privadas”, apuntó Wehr.
«Lo que este instrumento toma como producto es el derecho de agua que algunos usuarios han decidido vender o poner a disposición del mercado”, explicó Contreras, aclarando que «lo que se cotiza es el ‘precio’ futuro del agua, no el agua misma”. De este modo, «si el agua es cara tendrá incentivos para ahorrarla o no usarla. Sucederá lo contrario si el agua le resulta barata”, agregó. No obstante, Lozano consideró que se pueden generar incentivos para contaminarla «y subir precios para hacer más rentable el negocio”. Igualmente, «su despilfarro o acaparamiento puede ser muy rentable”, recalcó.
Hugo Contreras desearía «que el precio refleje la escasez y el valor del agua y si eso sucede adecuadamente, entonces eso motivará a que la sociedad la use de una forma más racional (…) Quizá dejemos de sembrar trigo en el desierto”.
¿De recurso natural a capital?
El derecho humano al agua potable y al saneamiento fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010. No obstante, «2.200 millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable”, recordó a DW Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de Naciones Unidas, quién criticó duramente la «operación especulativa” que puede llevar a «quebrar economías” y «destruir tejido agrario”, además de agravar la pobreza. Se trata de una «lógica comercial que es la antípoda de la lógica del interés general, del derecho humano”, afirmó.
«El mercado entiende de negocios, no entiende de valores ambientales, de derechos sociales, de articulación del medio rural… Eso no cotiza en bolsa”, criticó. «El mercado no sabe cómo gestionar los derechos humanos, es una herramienta que no permite reconocer valores más vitales del agua”, agregó.
En este sentido, Contreras recalcó la importancia de diferenciar entre estos valores y el precio. «Ya sea porque las regulaciones son imperfectas o porque recibimos apoyos del gobierno para completar el pago del agua en la mayor parte de los casos, el precio no refleja el valor”, apuntó, criticando que ello puede conllevar al despilfarro. En este sentido, Arrojo-Agudo consideró que un «orden tarifario que incentive mayor responsabilidad es un argumento importante, pero eso no significa que bendiga cualquier mecanismo especulativo”.
Aunque la iniciativa pretende gestionar el riesgo y la demanda de agua en momentos de incertidumbre como sequías e inundaciones, para Aguado existe el precedente de la crisis de alimentos de 2008 en la que «el precio del trigo se quintuplicó”.
¿Riesgos para América Latina?
Al estar centrados en California (Estados Unidos), «el índice y el precio asociado no tiene una implicación directa en el precio del agua en otros países”, aseguró Contreras. No obstante, para Aguado «hay un gran riesgo para América Latina de quebrar más aún y más rápido economías dependientes del uso del agua, de pequeños y medianos productores particularmente agrarios” señalando a sectores de regadío de Argentina, Chile y Brasil que «al igual que California se pueden producir espacios dónde llueve menos, hay más insolación por tanto el uso del regadío es fundamental para hacer una agricultura más rentable”. Asimismo, apuntó a otras consecuencias más allá como «la especulación de los territorios que tienen fuentes de agua”, acentuando las «entradas a territorios de pueblos indígenas y el desplazamiento de la población”.
Contreras recordó que «hoy existe en América Latina un conjunto de transacciones entre particulares que se venden, prestan o rentan el uso del agua y cuyo precio no es conocido”. Así, Wehr apuntó a Chile, país en el que estuvo viviendo durante seis años. «Carece de información precisa sobre derechos de agua y sus dueños, padece de un notable sobreotorgamiento de derechos de agua en la mayoría de sus 101 cuencas hidrográficas y no tiene ninguna política de fijación de precios o un control significativo de consumo”, criticó.
Teniendo en cuenta esta falta «de información precisa de la situación del agua tanto superficial como subterránea”, para Hugo Contreras es «difícil que se establezca algo similar a lo que se dio en Estados Unidos». No obstante, para Lozano ello «puede depender de cada país, porque las leyes nacionales influyen en estas posibilidades». Asimismo consideró que esta medida «animará el debate político latinoamericano que cada vez más incluye temas ambientales».
Un hecho que está sucediendo en Chile. «Terminar con el actual sistema de privatización de agua es una de las exigencias claves del movimiento ambiental dentro del debate sobre una Nueva Constitución ecológica», concluyó Wehr.
DW (dz)
