Una treintena de organizaciones medioambientales de América Latina han creado una plataforma regional para denunciar la ineficacia de los gobiernos en la lucha contra el cambio climático y reivindicar justicia climática.
La crisis sanitaria mundial del coronavirus ha dejado en segundo plano otro de los mayores retos globales del planeta. «Los efectos del cambio climático son cada día más evidentes, sobre todo para comunidades del Sur Global: inundaciones, sequías, incendios forestales, pérdida de hielo, aumento acelerado del nivel del mar y olas de calor más largas e intensas, con graves impactos sobre la salud de la población”, dijo a DW Eduardo Giesen del Colectivo VientoSur (Chile).
Ante este escenario, una treintena de las organizaciones medioambientales de la región lanzaron el pasado mes de agosto la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática. «Nace para consolidar una posición de consenso frente a las falsas soluciones que agravan el problema en lugar de enfrentar las causas, y para levantar la voz de los pueblos que están tomando acciones concretas y reales frente al calentamiento global”, dijo a DW Ivonne Yanez, responsable de cambio climático de Acción Ecológica (Ecuador), una de las organizaciones fundadoras de la iniciativa.
De este modo, la justicia climática «busca promover la rendición de cuentas de los responsables de la crisis climática y la distribución equitativa de la carga, que tiene un impacto desproporcionado en ciertos grupos”, explicó a DW Javier Dávalos, abogado del Programa de Cambio Climático de AIDA (Asociación Internamericana de Defensa Ambiental).
«Una de las principales demandas de la justicia climática es pedir mayor ambición al Norte Global para limitar el calentamiento a 1,5°C”, recordó a DW Ingrid Hausinger, coordinadora de programas climáticos de la Fundación Heinrich Böll en El Salvador.
Esta es una de las metas del ‘Acuerdo de París’. «A sus cinco años de adopción continúa con compromisos nacionales que no son lo suficientemente ambiciosos, sobre todo para el Norte Global, y con bajos niveles de obligaciones y resultados”, agregó.
A estas organizaciones nacionales se le suman varias regionales.Deuda ecológica pendiente
«La justicia climática busca exigir a los gobiernos, principalmente a los (de países) desarrollados, la deuda ambiental y ecológica que tienen con los países en desarrollo afectados por el cambio climático y remediar los impactos climáticos. Por ejemplo, los países del Caribe y Centroamérica ya están sufriendo los mayores impactos climáticos y los países desarrollados responsables por la situación deberían pagar”, recordó a DW Osver Polo, del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, una organización peruana involucrada en la Plataforma. No obstante, «hasta el momento el financiamiento climático prometido, que es parte del compromiso del ‘Acuerdo de París’, aún no se cumple”, criticó.
Para Yanez se trata de una herramienta fallida ya que plantea «un borrón y cuenta nueva de las emisiones de los países industrializados del Norte, acabando con la demanda de una deuda climática del Norte con el Sur”. Igualmente criticó que el tratado climático internacional «crea mecanismos para un mercado mundial de emisiones, con los mismos errores que las compensaciones de carbono”.
Según Ilan Zugman, director de 350.org en América Latina, otra de las organizaciones integrantes de la plataforma, «la compensación de emisiones se convierte en una licencia para seguir emitiendo, sin perspectivas de cambio profundos en la matriz energética”.
La cara sucia de la transición energética
Aunque la Unión Europea «se ha planteado metas hacia el 2030 de un 40% de reducción de emisiones y de tener un 32% de energías renovables, sabemos que ese 40% será con comercio de emisiones y compensaciones; por otro lado, la meta del 32% de renovables tiene consecuencias en otros lugares del mundo”, criticó Yanez.
Extracción de litio en el desierto de Atacama.Se trata de «los impactos asociados a la extracción en el Sur global de materias primas para dicha transición: litio, cobalto, silicio, cobre, coltán…”, criticó Giesen.
Desde la fundación alemana, recuerdan los costes sociales y ambientales de la extracción del litio, que en la región se concentra en Chile, Bolivia y Argentina. «Si no tomamos en serio la necesidad de evaluar los impactos de la extracción de litio en los ecosistemas y las comunidades, y cambiamos con decisión nuestras prácticas actuales de producción y consumo, existe el riesgo de que los salares sudamericanos se conviertan en zonas de sacrificio de la transición energética para las sociedades del norte”, aseguran.
«Para que la transición energética resulte en justicia climática, no basta que las energías que utilizamos sean limpias y renovables, sino que también su modo de producción respete las comunidades tradicionales”, consideró Zugman. «No lograremos avanzar como necesitamos mientras las grandes empresas de combustibles fósiles tengan más influencia en las decisiones políticas que las comunidades”, sentenció.
Se trata de una cuestión palpable en la región. «Perú está haciendo poco esfuerzo por avanzar una ambición más fuerte por la energía renovable porque aún depende de los hidrocarburos y la minería”, lamentó.
Tanto los mercados de carbono, como los agrocombustibles, son considerados por los expertos como falsas soluciones. No obstante, Dávalos enumeró alternativas existentes y «viables con voluntad política y conciencia social”. Así, abogó por «adoptar medidas de todo tipo para promover la energía limpia en América Latina y el Caribe, evitando la expansión del fracking, el gas y el carbón en la región; proteger los ecosistemas naturales clave para afrontar el cambio climático como la Amazonía, los páramos o los océanos; o mejorar las políticas, normas y resultados respecto a la calidad del aire en la región”.
