Tres años tras las protestas estudiantiles, el régimen de Daniel Ortega ha establecido un Estado policial en Nicaragua. La represión apunta a las voces críticas, para evitar elecciones justas en noviembre, denuncian afectados.
Aparentemente, con un apoyo popular estimado del 25%, teme que las protestas de 2018 puedan reeditarse.
A la solicitud de entrevista con DW, la activista de derechos humanos Vilma Núñez responde con un par de fotos tomadas con su teléfono móvil en Managua, la capital de Nicaragua. En ellas, muestra la vista desde su oficina, actualmente asediada por fuerzas de seguridad. «Desde hace media hora, la policia entorpece el labor del CENIDH de documentar los arrestos y las violaciones a los derechos humanos en el marco de la conmemoración», escribe Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
La represión, que no es nueva, se ha intensificado en Nicaragua en los últimos días. «Policías y paramilitares están apostados frente a las viviendas de opositores y periodistas, y a algunos no los dejan salir. Managua está militarizada. Hay detenciones arbitrarias, golpes y allanamientos sin orden judicial», cuenta la veterana activista de 82 años.
Represión preventiva por temor a nuevas protestas
Carlos Fernando Chamorro, editor del portal El Confidencial, observa que la presencia policial «se ha triplicado» en el país. En conversación con DW, lo atribuye al aniversario del levantamiento contra el gobernante sandinista Daniel Ortega, que comenzó el 19 de abril de 2018. Aparentemente, el Gobierno, con un apoyo popular estimado del 25%, teme que las protestas de entonces puedan reeditarse.
Ortega, que fue parte del movimiento revolucionario de izquierda contra la dictadura de Anastasio Somoza, y hoy tiene ya 75 años, ha gobernado Nicaragua desde 2007. Y entretanto, denuncia Chamorro, su Gobierno se ha convertido en un “Estado policial”, donde las manifestaciones críticas con el régimen son cortadas de raíz. Es «parecido al modelo represivo-preventivo cubano. Antes de que puedan salir a la calle, ya está la policía para impedirlo», compara. Así sucedió con las conmemoraciones planeadas por las Madres de Abril, una asociación de familias cuyos hijos y parientes fueron asesinados durante la rebelión de 2018: las madres fueron arrestadas antes de poder conmemorar los sucesos de hace tres años.
«Indefensión e impunidad» de los opositores
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 328 personas han sido asesinadas, más de 1.600 arrestadas, 103.000 forzadas al exilio y 10 ONG fueron cerradas desde abril de 2018 en Nicaragua. Y ni un solo juicio se ha iniciado por estas violaciones de derechos humanos, insiste la activista Vilma Núñez: «Aquí no hay institucionalidad. Todo el Estado está en función de lo que Ortega y [su esposa y vicepresidenta Rosario] Murillo ordenen. Hay indefensión e impunidad.»
“Se suspendieron derechos civiles por la vía de los hechos, sin pasar por la vía legal. Hay censura de facto, prohibición de marchas, no hay derecho de movilización, de reunión”, agrega el editor Chamorro. El régimen ha aprobado leyes con parágrafos arbitrarios que permiten etiquetar a casi todos como «traidores a la patria» y cerrar organizaciones civiles. Así, la redacción de El Confidencialfue confiscada, al igual que las oficinas del CENIDH, sin base legal ni decisión judicial. Ambas organizaciones siguen trabajando «en semiclandestinaje», como lo define Núñez.
Ortega aspira a «seguir en el poder y no ceder»
Núñez y Chamorro coinciden en que Daniel Ortega está, sobre todo, atento a las próximas elecciones presidenciales de noviembre y por eso mantiene a raya a la oposición. «Ortega está determinado a seguir en el poder y no ceder. Está impidiendo la cooperación internacional para impulsar reformas electorales y fortalece internamente la represión selectiva», precisa Núñez.
No es posible esperar así elecciones justas y libres, subraya la activista. Es por eso que le gustaría que la Unión Europea (UE) presionara más claramente a Ortega: «La ultima declaración de UE fue de la canciller de España, que dijo que la UE da chance al proceso electoral. Yo les dije que se necesita más presión ahora para que se hagan cambios electorales».
Chamorro describe el ambiente en Nicaragua como «tenso», pero, al mismo tiempo, la gente intenta sobrevivir de alguna manera en medio de una crisis económica que ya va por su tercer año consecutivo. La mayoría está en contra de Ortega, pero no está políticamente organizada, dice. Por el momento, todos también se aseguran de exponerse lo menos posible, agrega.
«El nivel de control policial es fuerte y efectivo. No estamos a punto de explotar”, reconoce el editor de El Confidencial, y advierte que «Ortega solo va a ceder si está sometido a una presión [popular] extrema.» (rml/cp)
