La honorable Comisión Constituyente que tiene la misión de redactar la nueva Carta Magna para nuestro país, hasta el momento, se muestra más al debe que al haber en su trabajo, según los múltiples desaciertos de un sector de sus integrantes, puntualmente de aquellos ligados a la extrema izquierda.
Y esta apreciación no es antojadiza. Ya a principios de junio su propio vicepresidente, Jaime Bassa, señaló que este organismo estaba “en caída libre”, acusando -sin ningún argumento sólido- al gobierno de sabotaje por negarle los medios materiales y tecnológicos para su funcionamiento. Solo dos meses después, este juicio se hizo realidad por causas imputables solo a la conducción y conducta de la propia convención.
Nadie puede negar que la Convención partió mal desde el primer día, cuando un sector de los convencionales llamó a rodear la sede del antiguo Congreso, a sabiendas de que ello llevaría a un enfrentamiento con Carabineros, que fue justamente lo que ocurrió, provocando la suspensión de la sesión en medio de gritos e insultos. Desde ese momento, el triste espectáculo no ha parado.
El escaso trabajo evidenciado hasta ahora por la convención –solo 18 sesiones en dos meses- se ha dado en un clima de descalificaciones y funas, como ocurrió con el convencional Arancibia, a quien se intentó privar arbitrariamente de su legítimo derecho a participar en comisiones; por otra parte, ha ignorado el marco jurídico que regula su funcionamiento al exigir indultos para supuestos presos políticos, algo claramente fuera de su ámbito de injerencia.
La convención hace noticia por asuntos que irritan a la opinión pública, tales como peleas con el gobierno, rechazo a Catalina Parot, exigencias de plata, incrementos sustantivos de las asignaciones, libre disposición de recursos para convencionales, negativa a fijar competencias profesionales mínimas para los asesores; o la revelación, gracias a un medio de prensa, de que uno de sus vice presidentes, había engañado a la ciudadanía inventándose una enfermedad que no tenía, falsificando su declaración de patrimonio con deudas presuntamente contraídas para financiar su tratamiento, con fotos falsas que lo muestran hospitalizado usadas durante su campaña.
Por otra parte, hace unos días, en el marco del debate que busca eliminar el quorum de 2/3 para la aprobación de ciertas materias, se produjeron graves incidentes entre los propios convencionales que obligaron a Elisa Loncon a suspender la sesión por falta de condiciones para continuar debatiendo, llegando a decir que con esas conductas se ponía en riesgo la “legitimidad de la convención”.
Asimismo, los observadores huelen un clima de supresión de las opiniones que no se conforman con las de la mayoría, que se refleja en la adopción de normas reglamentarias represivas como la que censura el “negacionismo” aplicable a los constituyentes, concepto que fue desechado por el Tribunal Constitucional por ser contrario a la libertad de expresión.
Esta negativa imagen que transmite la Convención Constituyente se está traduciendo en un aumento significativo de las personas que desaprueban su desempeño, al punto que en algunas encuestas solo el 30% aprueba su pobre gestión. Una caída impresionante en tan poco tiempo.
En medio de tanto tiempo perdido, no sería extraño que al cabo de los meses asignados legalmente a la Convención para que entregue su producto final esté pidiendo ampliación de plazo, argumentando que no han terminado su tarea por culpa de terceros.
Esto que comentamos no es para alegrarse, ya que es grave y tremendamente perjudicial, no solo para la convención, sino que para el país, porque podría afectar la legitimidad del texto de la nueva constitución que deberá someterse a plebiscito. La estabilidad política y social requiere que la Convención culmine con éxito su misión de dotar a Chile de una nueva constitución que pueda ser aprobada por una amplia mayoría y que represente el alma nacional de manera transversal y no selectiva ni polarizada políticamente.
Desgraciadamente, la extrema izquierda que domina la convención y sus máximas autoridades están en estado de “negacionismo”. En vez de reconocer, corregir y enmendar los errores y las malas prácticas, rechazan las críticas como parte de una campaña de la derecha y sectores que siempre fueron hostiles a la idea de una asamblea constituyente; o bien recurren a viejo expediente de culpar a los medios de comunicación por las malas noticias que, hasta ahora, han sido su constante.
Por Miguel Echeverría Monárdez
