Las «autoridades» del régimen alegan que Roberto Pérez Fonseca agredió “con piedras y botellas” a agentes de policía, su hermano Alberto Ortega aseguró que en realidad fue condenado por destruir un cuadro de Fidel Castro.
Un manifestante acusado de delitos como desacato y desorden público fue sentenciado a 10 años de cárcel, la mayor pena impuesta a un detenido relacionado con las protestas del 11 de julio en Cuba, informó el sábado (23.10.2021) una organización de derechos humanos y sus familiares.
El Tribunal Municipal Popular de San José de las Lajas, un poblado a 35 km de La Habana, impuso a Roberto Pérez Fonseca, de 38 años, la «sanción conjunta y única a cumplir de 10 años» de prisión por los delitos de desacato, atentado, desorden público e instigación a delinquir, indica la sentencia fechada el 6 de octubre y a la que tuvo acceso la agencia francesa AFP, luego de que su familia fuera notificada.
Tres jueces del tribunal determinaron la culpabilidad de Pérez Fonseca con base en declaraciones del policía Jorge Luis García Montero, único testimonio reconocido por los magistrados. Los dos testigos de la defensa fueron desestimados por «parciales» y por tratarse de un familiar y una amistad.
Pérez lanzó una piedra a un oficial de policía, «ocasionándole escoriaciones que no requirieron asistencia médica», y aventó otra piedra que impactó en una patrulla «que no presentó daños», además de ignorar la orden de confinamiento por COVID-19, indica el documento.
Contrario al argumento gubernamental. Alberto Ortega, hermano de Roberto Pérez, aseguró que en realidad fue condenado por destruir en público un cuadro de Fidel Castro.
La sentencia «es excesiva y abusiva y viola todas las garantías del debido proceso», dijo Laritza Diversent, directora de la ONG de derechos humanos Cubalex, con sede en Miami, al indicar que es la pena mas larga en un caso juzgado por estas manifestaciones.
Las manifestaciones del 11 y 12 de julio en cerca de 50 ciudades al grito de «Libertad» y «Tenemos hambre», dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.130 detenidos, de los cuales más de 560 aún están en prisión, según Cubalex.
Mientras, el sucesor del régimen Miguel Díaz-Canel, acusó al gobierno estadounidense de «soberbia, prepotencia y frustración» por su advertencia de aplicar sanciones si La Habana procesa a los convocantes de la marcha pacífica prevista para el 15 de noviembre.
El régimen no solo negó esa petición inédita en más de 60 años al considerarla «ilícita», sino que también amenazó a los convocantes de que se les imputarán delitos y serán procesados si mantienen la decisión de marchar. Ante ello, Estados Unidos advirtió la víspera que responderá, posiblemente con sanciones, si se «violan los derechos fundamentales» del pueblo cubano o se procesa a los impulsores de la protesta.
gs (afp, ADN Cuba, The Miami Herald)
