Violencia escolar: más allá de una sanción penal

Fiscal Regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer

La violencia en los establecimientos educacionales es un fenómeno lamentable que nos interpela como sociedad. La reacción instintiva ante cada episodio grave es exigir más castigo. Sin embargo, el control y la prevención de estas acciones exceden con creces lo que la justicia penal puede ofrecer.

El derecho penal tiene escasa capacidad para incidir en las causas de conducta violenta, especialmente cuando sus protagonistas son niños, niñas o adolescentes en formación. La violencia escolar es multicausal y en ella pueden confluir la desestructuración familiar, la exposición temprana a la violencia, la segregación social, el consumo de drogas, los problemas de salud mental no atendidos y recintos educativos sin equipos de profesionales suficientes para contener. Ninguno de estos factores se resuelve con una sanción penal.

Desde la Fiscalía de Atacama tenemos una responsabilidad claramente definida. Frente a hechos constitutivos de delito, nuestra función es investigar con rigurosidad, objetividad y apego a la ley, reunir los antecedentes necesarios y ejercer la acción penal cuando corresponda. En el caso del reciente homicidio de un adolescente de un colegio de Copiapó, nuestra labor está centrada en esclarecer las circunstancias del crimen reuniendo prueba suficiente, judicializar la investigación de aquel para efectos de requerir las medidas cautelares que estimamos procedentes -en este caso los tres imputados se encuentran en prisión preventiva- y ejercer la acción penal para que sean los tribunales de justicia quienes determinen la responsabilidad correspondiente.

Como Ministerio Público hemos asumido también un compromiso con la comunidad educativa. Nuestros fiscales participan regularmente en encuentros con estudiantes, docentes y apoderados de distintos establecimientos educacionales de Atacama, entregando información sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, las consecuencias de las conductas delictivas, los mecanismos de denuncia y los derechos de quienes son víctimas de delitos.

Es importante mencionar también que la nueva Ley 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, vigente desde el 1 de julio de 2026, que pone el acento en la relación al interior de recintos educativos. La normativa exige planes de gestión, protocolos y figuras como el coordinador de buena convivencia escolar, sin embargo, su éxito no dependerá de las herramientas que sugiere aplicar; sino que de lo que cada comunidad haga con ellas y de los resultados que el Estado les destine.

El camino frente a esta realidad pareciere ser la prevención en todos sus niveles. Primero, educar en conductas pacíficas y en la resolución dialogada de conflictos. Segundo, detectar tempranamente las señales de riesgo mediante equipos psicosociales capacitados. Tercero, intervenir de forma especializada antes de que la violencia escale hacia consecuencias fatales. Ello exige políticas públicas intersectoriales y sostenidas que articulen educación, salud mental y protección de la infancia.

El derecho penal debe conservar su carácter de último recurso. Una sociedad que solo sabe castigar penalmente a sus jóvenes es una sociedad que llegó tarde.