Investigación reveló que falsearon antecedentes que entregaron a la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social, obteniendo así el bono de enseres y vestuario que se entregó a los afectados.
La extensa y detallada investigación de la Fiscalía de Atacama permitió establecer hechos con carácter de delito cometido por personas que, luego del aluvión del 25 de marzo del año 2015 que afectó a gran parte de la región, falsearon información para así obtener beneficios económicos entregados por el Estado. Esto referido específicamente al Bono de Vestuario y Enseres dispuesto en esa oportunidad.
La causa, indaga por el fiscal adjunto de Copiapó Luis Miranda Flores, quien desarrolló un trabajo en conjunto con peritos de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, permitió establecer que en Copiapó nueve personas falsearon antecedentes respecto de su condición post aluvión. Informando a las autoridades encargadas de realizar el catastro que habían sido damnificados y que eran jefes de hogar de las residencias dañadas. Siendo este uno de los principales requisitos para poder postular a la entrega del bono, cuyo monto ascendía al millón 200 mil pesos por familia.
“Con la investigación llevada a cabo se pudo demostrar que estas personas no eran jefas de hogar de los inmuebles informados como afectados, mientras que otras derechamente tenían residencia en otras comunas del país como Caldera y Santiago. Consiguiendo con ello, concretar el engaño y hacerse acreedor de manera improcedente del beneficio económico dispuesto por las autoridades regionales”, dijo el fiscal.
De esta manera, en una audiencia realizada este viernes en el Juzgado de Garantía de Copiapó se formalizó la investigación en contra de tres de estas personas, a quienes la Fiscalía comunicó que están siendo investigadas por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones fiscales sancionado en el Código Penal. Mientras que las seis personas restantes que no asistieron a la comunicación de cargos serán nuevamente notificadas para una nueva audiencia en que se les informarán los actos por los cuales serán indagadas.
Finalmente, el fiscal Luis Miranda mencionó que frente a los hechos comunicados en la audiencia de este viernes se determinó un plazo de investigación de tres meses, periodo en que se continuarán desarrollando diligencias investigativas.
