Por Fernando Dunn, Presidente de Productores Forestales Pyme de CORMA.
Es común llamar incendios forestales a diversos siniestros que ocurren en la zona rural o vecina a ciudades, los cuales muchas veces no afectan bosques, sino pastizales, matorrales o cultivos agrícolas, por lo cual en estricto rigor deberían llamarse incendios rurales.
En cualquiera de los casos, los propietarios forestales, pymes y grandes, adoptamos medidas de prevención (vigilancia, cortafuegos, podas preventivas, puntos de captación de agua y otros), porque nadie quiere que se queme su bosque y porque además cada plan de manejo aprobado por CONAF, exige contemplar medidas de prevención de incendios.
Las empresas forestales en paralelo hace tiempo desarrollan campañas de educación dirigida hacia la gente que visita o vive en el campo, pues es sabido que en Chile el 100% de los incendios es causado por el hombre, por negligencia o intencionalidad.
Cuando ocurre un incendio, los propietarios obviamente concurrimos con los recursos que disponemos para apagar esos focos, pero también contamos con la ayuda de las empresas más grandes. Las pymes tenemos la posibilidad incluso de acogernos a convenios de protección con ellas, donde se establecen compromisos sobre medidas de detección, prevención y combate de incendios.
Una muestra de esta beneficiosa alianza es que más del 70% de los incendios rurales que combaten las empresas se efectúa fuera de sus terrenos. De esta manera, los pymes podemos hacer uso de una gran infraestructura de prevención y protección privada, en la cual se invierten más de 50 millones de dólares anuales.
Pero todos estos recursos son para hacer frente a una temporada normal. La situación vivida en este verano superó toda medida de prevención, presupresión y combate (el segundo incendio más grande del mundo de que se tenga registro). Las causas principales fueron la situación climática extrema, pero en la mayoría de los casos hubo intencionalidad. Es decir, personas que prendieron fuego adrede para causar daño. Llama la atención entonces, que los parlamentarios impulsadores de la nueva ley de servicio forestal en cuestión, no propongan ninguna medida tendiente a evitar esta gran causal, es decir, la mala intención.
Para nosotros, pequeños propietarios de bosques, está claro: cuando se declaró el Estado de Excepción y se aplicó vigilancia preventiva, la frecuencia de incendios disminuyó drásticamente casi al mínimo, equivalente a menos de los que ocurren en una temporada normal, no obstante que las condiciones climáticas siguieron siendo extremas.
Las medidas de prevención que propone la nueva legislación que ingresó al Congreso parecen exageradas y puede que no sean efectivas, por lo que sería recomendable encargar su revisión a expertos de CONAF, universidades y consultores independientes que tienen muchos años de experiencia este tema.
También parece muy razonable que exista un plan de prevención para cada centro poblado con bosques cerca. Sin embargo, los municipios respectivos deberían asumir un rol más activo en la planificación urbana, exigiendo medidas preventivas y distanciamiento de las poblaciones respecto de los bosques.
Ello, porque la historia nos muestra que son los pobladores “urbanos” quienes se acercan a los bosques y cada vez que se habilita una franja de interfaz para prevenir, estos suelos son ocupados nuevamente, y los propietarios de estos predios rurales no tenemos autoridad para impedirlo o limitar este poblamiento informal que cada vez se hace más frecuente y masivo en Chile.
