Por: Aldo Ortiz Pardo, Candidato a CORE por Atacama
Ciertamente, todos fuimos golpeados la última semana al conocer que la ayuda que había sido comprometida por la Presidenta Bachelet tras los aluviones en Atacama no llegaron como correspondía, sino más bien, fueron hechas una suerte de “correcciones presupuestarias” para disimular los movimientos de obras de un punto a otro.
Este tema no lo hemos inventado nosotros, sino más bien fue un informe de Contraloría General de la República, en respuesta a un requerimiento del Senador Prokurica (RN), el que indicó en primera instancia que ya no iban a darse los 1,500 millones de dólares comprometidos por Presidencia de la República, sino “sólo” 500 millones de dólares (algo así como 361 mil millones de pesos chilenos) para solventar la emergencia y realizar trabajos de reconstrucción. Lo interesante de esto, es que había consenso en que la Asignación para la Reconstrucción de Atacama llegaría por los recursos entregados dada la Ley Reservada del Cobre.
Lo que se pudo ver en el informe, es que en 2015 no se entregaron los mentados 500 millones, sino cerca de 338 millones y en 2016 fueron 162 millones de dólares, redondeando la suma antes descrita, que ya de por sí era un tercio de lo ofrecido por Bachelet el día después de las catástrofes vividas en la Región de Atacama, de las que aún la gente no subsana sus propias heridas. Lo verdaderamente interesante es que pese a este despliegue de billetes verdes, se asume por lo que dijo el Contralor en Abril de 2016 que todos los recursos utilizados para la emergencia y reconstrucción el año 2015, corresponden a las llamadas “reasignaciones presupuestarias” y no a los recursos que por ley se entregaron.
La pregunta es “por qué”. Y la respuesta en realidad es una que nadie puede esperar, ni imaginar ni siquiera en un intrincado cuento kafkiano y es que durante 2015 a 2016 los fondos de la Ley Reservada del Cobre fueron a dar a una cuenta de la Tesorería General de la República en el Banco Estado de Nueva York. Dicho de otra manera, las personas que lo sufrieron todo, las que fueron objeto de promesas políticas, fotografías, abrazos con Ministros, Parlamentarios y todo el mundo, fueron engañadas. No fueron tratadas con la misma igualdad ante la Ley.
No digo en esta nota, que lo hecho no sea legal, porque sí lo es. Pero el problema es hasta donde se puede jugar con la confianza de la gente, con la confianza de quienes estuvieron con ellos. Con la confianza de quienes les dieron la mayoría nacional en la última presidencial – aunque haya sido con el 26% del padrón electoral votante – dónde queda esa confianza, que ha sido vulnerada, de miles de maneras, de miles de horribles maneras, y donde ahora ha quedado demostrado gracias a la independencia y compromiso con Chile de un ente como la Contraloría General de la República, que las víctimas de los aluviones se sintieron burladas por el Gobierno y sus autoridades.
Actualmente, las personas que pese a ser catastradas y tener niveles de daños catalogados como daños extremos, no han recibido toda la solidaridad estatal que se esperaba, convirtiéndose en un eterno desfile de autoridades que vienen de Santiago para decir que “fueron más que el Gobierno Anterior”, tomarse un par de fotos, hacer un par de grandilocuentes promesas y luego irse a sus cómodas oficinas en Santiago. Yo quiero preguntar qué tal sería ver de repente a uno de ellos en las condiciones que por mi trabajo, tuve que conocer casi todos los días.
Ciertamente, Atacama fue golpeado por dos catástrofes derivadas de la naturaleza entre 2015 y 2017. Ciertamente la región sufrió consecuencias que hasta hoy se arrastran, como la sensación de temor e inseguridad en la gente. Como la desconfianza galopante que ha derivado en el rechazo transversal de la práctica política y de los mismos de siempre, que en vez de custodiar la adecuada entrega de recursos sólo pasaban fuera de Atacama. Por eso este año irrumpen los ciudadanos en estas elecciones. Ciudadanos de derecha, de centro, de izquierda. Ciudadanos de todos lados, pero que buscan revertir esta negativa herencia del Gobierno, que hemos calificado como “el Aluvión de la indolencia”.
