Antecedentes fueron denunciados por la Municipalidad de Copiapó, los cuales hacen referencia a la obtención fraudulenta de tarjetas de carga de combustible.
La Fiscalía de Atacama confirmó la tarde de este miércoles el inicio de una investigación penal por un posible delito de fraude al fisco. Esto a partir de la denuncia que realizó la Municipalidad de Copiapó y que da cuenta de la obtención fraudulenta de tarjetas de carga de combustible a una empresa distribuidora que opera en el país entre los años 2015 y 2017, cuyo uso habría causado un perjuicio económico a esta casa edilicia.
La información fue proporcionada por el fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Local de Copiapó, Luis Miranda Flores, quien mencionó que los antecedentes fueron proporcionados este martes de parte de la municipalidad, abriéndose de esta manera la causa penal y el trabajo respectivo destinado a reunir la información en relación a este caso.
“Las diligencias investigativas frente a esta denuncia se generarán próximamente, ya sea a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI o al personal del OS-9 de Carabineros de la ciudad de Santiago”, dijo el fiscal.
Miranda indicó que la investigación está en su etapa inicial, por lo que resulta apresurado adelantar cualquier antecedente, pero aclaró que frente a los hechos conocidos se realizarán amplias diligencias para reunir la mayor cantidad de antecedentes y así establecer qué ocurrió y las posibles responsabilidades penales del caso.
Respecto de los plazos de indagatoria para este tipo de causas, explicó que éstos resultan amplios e insistió que en este caso en particular los antecedentes acaban de ser ingresados a la Fiscalía. Finalmente, el fiscal mencionó que bajo la actual administración del Fiscal Regional, Alexis Rogat Lucero, se establece como criterio los delitos de corrupción como un elemento de investigación prioritario, por lo que en la actualidad existen vigentes diversas investigaciones de este tipo de ilícitos que se están indagando de manera conjunta con el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría Regional.
