A raíz del último Índice de Transparencia Internacional, que ubica a Chile en el puesto número 27 de un total de 180 países del mundo, se ha generado una discusión sobre nuestra posición en el ranking que muestra una tendencia a la baja desde el año 2012 hasta ahora.
¿Qué tan legitimado se encuentra este índice? Basta decir que Transparencia Internacional es una organización no gubernamental, que mide desde 1995 la percepción de corrupción en los países del globo y que esta medición se realiza a partir de fuentes comparables y estandarizadas de datos que recogen expertos, investigadores y empresarios en materias sensibles a la corrupción en el sector público.
¿Qué mide exactamente el índice? Algunas de las materias que se evalúan son soborno, desvío de fondos públicos, uso de la función pública para beneficio personal y nepotismo en la administración pública, entre otras. Pero también recoge información sobre los mecanismos que cada país implementa para la prevención de la corrupción.
En simple castellano, el índice está bien legitimado y se convierte en un “termómetro” de la corrupción a nivel mundial. En este escenario, ¿cuán importante es para Chile esta medición? La respuesta es que si no lo es; debería serlo por tres razones. Primero: en el último año hemos sido testigos de grandes casos de corrupción en las Fuerzas Armadas y Carabineros que han mellado la confianza ciudadana en estas instituciones y también en el actuar del Estado para combatir y sancionar hechos de corrupción. Segundo: sólo sancionar la corrupción una vez que ocurre significa que no estamos enfocados en la prevención que impide su ocurrencia. Más bien, nos pone en una posición reactiva y no proactiva sobre el control de la corrupción. Y tercero, la corrupción pone en riesgo la democracia en su componente de legitimidad, confianza y gobernabilidad a partir del derecho de acceso a la información.
La buena noticia es que en la práctica, luego de grandes escándalos de corrupción los países activan sus mecanismos de fiscalización de instituciones públicas y aplicación de medidas anti corrupción para recuperar la legitimidad perdida primero por la ciudadanía en el propio territorio y luego en su imagen país hacia el exterior (importante para mantener y generar acuerdos políticos, económicos y de derechos universales).
Las comparaciones suelen ser sensibles, porque (en este caso) nos exponen frente a un escenario global. Pero en una visión positiva del índice, considerémoslo como una oportunidad para volver a poner en el centro de la política pública la formación ética de los funcionarios y de quienes participan del Estado y para mejorar los mecanismos de control de la corrupción fortaleciendo la participación ciudadana, transparencia en los actos administrativos y difusión de la información pública para la participación vinculante y activa de la población. A fin de cuentas, estos índices vuelven a poner en valor la importancia de la ética pública y de los mecanismos que aseguran la democracia plena en el mundo.
Fabiola Freire Aguilar
Académica
U.Central Región de Coquimbo
