Con motivo del término de la temporada de playas, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, efectuó un acucioso balance de las denuncias recibidas durante todo el período estival, en el marco de la campaña “Que no te falte playa”, anunciando, de paso, un catastro de lagos y un proyecto de ley que profundiza la Ley de Playas Abiertas.
Desde que se lanzó la campaña el 6 de diciembre de 2018, el Ministerio de Bienes Nacionales ha recibido 1.492 denuncias (al 12 de marzo) a nivel nacional, una cifra récord para cualquier campaña de playas realizada anteriormente. En sólo tres meses se recibió la misma cantidad de denuncias que en los cuatro años anteriores.
“Esta temporada recibimos un récord de denuncias, pero también realizamos un récord de fiscalizaciones”, aseguró el ministro Felipe Ward. De las 1.492 denuncias recibidas en estos tres meses, un 92% está respondida. “La cifra es notable en comparación con el 15% de respuesta en 2017, pese a que en todo ese año se recibieron 184 denuncias”, destacó Ward.
Las playas que concentran la mayor cantidad de denuncias a nivel nacional son: Playa Punta de Parra, en la región de Biobío (83); Playa Blanca, en Coquimbo (80) y Playa La Virgen, en Atacama (44 denuncias). Todas estas playas han sido fiscalizadas por los equipos regionales de Bienes Nacionales en terreno, encontrando que, en la actualidad, los pasos están habilitados. “Queremos disminuir a cero la cantidad de playas restringidas. Por eso, seguiremos recibiendo denuncias y fiscalizando todo el año, sin importar si es invierno o verano. Los invito a denunciar en nuestra web o en las oficinas regionales”, agregó Ward.
Con nuevas herramientas tecnológicas, el Ministerio comprometió realizar un catastro de deslindes de playas en los 79 lagos navegables de Chile (con capacidad para naves de más de 100 toneladas), que estará disponible para la próxima temporada de playas.
Proyecto de ley
Adicionalmente a la ley impulsada por Bienes Nacionales, y que entró en vigencia en febrero del presente año, el ministro Ward anunció que se trabaja en un segundo proyecto de ley (Playas Abiertas II), que apunta a una nueva modificación del artículo 13 del D.L. N° 1939 de 1977, con la finalidad de establecer una sanción a quien obstaculice a la autoridad competente a hacer su labor en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) la fijación de la línea de playa; b) la determinación del lugar donde deba estar emplazada la vía de acceso.
La sanción pecuniaria que se establece es la misma que aquella fijada en la ley N° 21.149, es decir, multa a beneficio fiscal que va entre las 10 y 100 UTM, y que puede duplicarse en el caso de reiteración de la conducta. “De a poco hemos logrado erradicar a los falsos dueños de lo público y le hemos mostrado a la gente que las playas son de todos. La ley está para cumplirla y no vamos a dudar en hacerlo”, dijo Ward.
Desglose de la Región de Atacama
La Seremi de Bienes Nacionales de Atacama, Carla Guaita, corroboró que, de un total de 46 denuncias totales recibidas desde el lanzamiento de la campaña de acceso a playas, esto es, desde el 6 de diciembre de 2018, “en efecto, 44 denuncias estuvieron relacionadas con el acceso a Playa La Virgen; una denuncia relacionada con Playa Las Gaviotas; y una denuncia asociada a Playa Blanca. Todas ellas, evidentemente, establecidas en la Comuna de Caldera”, subrayó.
Guaita enfatizó que “el departamento de fiscalizaciones de la Seremía de Atacama efectuó fiscalizaciones periódicas, respondiendo a cada una de las denuncias. Sin embargo, en todos los casos se detectó la presencia de accesos o vías alternativas para acceder a las playas, de acuerdo con lo exigido por la ley, motivo por el cual, dichas denuncias no decantaron en multas. En el caso particular de Playa La Virgen, la tercera playa más denunciada a nivel país, la mayoría de los reclamos estuvieron relacionados con el cobro por concepto de estacionamiento, considerado, por algunos usuarios, como ‘excesivo’. El segundo reclamo se relacionaba con la existencia de un estacionamiento gratuito, pero muy alejado del sector de playa. Para ambas situaciones se enviaron fiscalizadores, constatando que ambos estacionamientos se encuentran emplazados en terreno privado, y, dado que existen las mencionadas vías alternativas de acceso peatonal, no procedía aplicar la multa por parte de nuestros funcionarios”, concluyó.
