Internet se ha convertido en el entorno digital donde ciudadanos nativos e inmigrantes digitales desarrollan la mayor parte de sus actividades cotidianas, en comunidades particularizadas por su afinidad tecnológica, su acceso relativamente fácil, inmediato, y usable. Internet se ha transformado en un instrumento insustituible, desde donde se lleva a cabo todo tipo de actividades cotidianas, desde pedir un taxi, hasta pagar los servicios públicos. Sin embargo, con la aprobación del proyecto de Ley de Transporte de las Plataformas UBER, Cabify y Beat, por la Comisión del Congreso se enciende el viejo debate entre, regulación y desregulación de la economía. Queda la duda sin con esta regulación se concibe a este mercado emergente como una nueva práctica de la economía digital, caracterizada según OCDE (2018) por ser accesible, innovadora, abierta, transparente, inclusiva y confiable; que permite aprovechar el potencial de las TIC, en particular Internet, y de la digitalización para lograr objetivos socioeconómicos clave, como mejorar la productividad y, brindar oportunidades para nuevos empleos. O, por el contrario, con esta ley se pretende imponer nuevas cargas económicas y obligaciones legales burocráticas para los prestadores de servicios de transporte y los usuarios del servicio, tales como, tales como, licencia de conducir profesional, seguros de responsabilidad civil, no tener antecedentes penales. Además de la obligación de constituirse como una sociedad mercantil en Chile, bajo la figura de empresa de transporte remunerado de pasajeros, que les autorice realizar actividades, pagar los impuestos y, el cobro de multas por no cumplimiento, establecidas desde 10 a 100 UTM.
En el caso de UBER la prestación de servicios de transporte de pasajeros ocupa el 81% de los usuarios, donde al igual que en Argentina, Uruguay, Colombia, México, este debate entre el servicio tradicional de transporte de pasajeros y el servicio mediado por medio de plataformas digitales como UBER, está latente. En el caso chileno, el propósito de la regulación, en un principio es ofrecer un marco de protección, tanto para pasajeros, como para el gremio de taxistas. Sin embargo, en el fondo, esta legislación deja pendiente la pregunta ¿Cuál es el costo-beneficio que los usuarios de UBER deben asumir con esta nueva regulación? Por ahora, anticipadamente puede interpretarse dos escenarios: un incremento en el precio del servicio de UBER, o lo que es peor, un incremento exponencial de la informalidad del servicio.
Lorayne Finol
Académica
Ucentral Región de Coquimbo
