El mes pasado se conmemoraron los 29 años desde que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Un aniversario que nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestro compromiso con el bienestar superior de la infancia en nuestro país. Sobre todo durante este gobierno, donde el Presidente Sebastián Piñera estableció como una prioridad el poner a los niños primeros en la fila.
Se trata de una hoja de ruta que surge de la convicción de que el Estado debe proteger y satisfacer todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes y enfocarnos en la protección integral e interdisciplinaria de la infancia vulnerable.
En términos de esa protección, como Ministerio hemos tenido una experiencia que nos llena de orgullo. Se trata del Programa Mi Abogado, que tiene como propósito restituir el derecho de la infancia a vivir y desarrollarse en familia. El Programa otorga defensa jurídica especializada e interdisciplinaria para niños, niñas y adolescentes que por una medida de protección estén separados de sus familias nucleares, y que busca garantizar el respeto y ejercicio de sus derechos en todas las causas judiciales que los involucren.
Se trata de una iniciativa que pone al servicio de los niños, niñas y adolescentes a un trío de profesionales con dedicación exclusiva –en convenio con las Corporaciones de Asistencia Judicial- preservando su derecho a ser oídos, y buscando la mejor solución para sus situaciones particulares. Así, ellos están en constante contacto con su abogado, trabajador social y sicólogo, que se preocupan de resguardar su bienestar y encontrar las mejores alternativas para restaurar sus derechos vulnerados.
Actualmente el programa está operativo en diez regiones del país y esperamos que a partir del 2020 logremos cobertura nacional, con las seis restantes. Además, si en 2018 se logró atender a un total de 2050 niños, en lo que va de 2019 ya se ha ayudado a más de 3.700 y la meta es finalizar diciembre con más de 4.500.
Si bien estos números dan cuenta del cambio radical que hemos impulsado en el trato que damos a nuestros niños, niñas y jóvenes vulnerables, estamos conscientes de que la deuda con ellos no se extingue y que siempre estamos llamados a buscar nuevos y mejores caminos para que, ojalá, todos tengan la oportunidad de vivir vidas plenas y felices.
Margarita Farith Contreras Ríos
Abogada
Seremi de Justicia y Derechos Humanos
Región de Atacama
