Caso fue investigado por el fiscal Sebastián Coya González, quien logró acreditar el delito y la participación de todos los involucrados.
La Fiscalía de Atacama obtuvo hoy un veredicto condenatorio en contra del líder de una banda de siete personas que en el mes de diciembre del año pasado, cometió un delito de robo, denominado “turbazo”, en un supermercado de Copiapó.
Los antecedentes de este caso fueron indagados por el fiscal adjunto de esta ciudad, Sebastián Coya González, quien indagó la actuación de una banda integrada por adultos y menores de edad, quienes llegaron en un vehículo particular a las afueras del local Tottus de Avenida Los Carrera en Copiapó, luego de lo cual accedieron en forma conjunta a la sala de venta logrando cargar un carro con diversos cortes de carne y cervezas, especies avaluadas en alrededor de 400 mil pesos, intentando luego salir de la sala de venta, instante en que fueron sorprendidos por los guardias del recinto.
En aquella ocasión el grupo intimidó con objetos contundentes y un martillo a personal de seguridad, a quienes amenazaron con golpearlos en caso que evitaran la sustracción del carro cargado con los productos. Pudiendo así salir a la vía pública para cargar el auto y darse a la fuga, acto que logró ser evitado por personal de Carabineros quienes ya habían sido alertados por guardias del recinto, pudiendo pudieron así detener a quienes se escapaban del lugar.
En esta causa todos los participantes, adultos y menores de edad, ya habían sido condenados a distintas sanciones de acuerdo a su participación en el delito. Siendo este Juicio Oral dedicado respecto del imputado Alejandro Pelegrín Torres, a quien la Fiscalía logró acreditar su participación en el delito de robo con intimidación.
Respecto de la condena el fiscal Coya González se mostró conforme con la decisión de los Jueces del Tribunal Oral, a partir de la valoración de la prueba que expuso la Fiscalía. En relación a la pena, el fiscal indicó que ésta será comunicada en una audiencia que fue fijada para este sábado y donde el Ministerio Público solicitó se impongan siete años de presidio efectivo.
