El proceso de selección universitaria, llevado a través de la PSU, enfrentó este año un complejo escenario que desencadenó un problema de proporciones. No solo por la imposibilidad de tomar la prueba a un número significativo de estudiantes, sino por la errada evaluación previa que se realizó, subestimando la capacidad de coordinación y convocatoria de los estudiantes movilizados que, a pesar de constituir un grupo minoritario, obstaculizaron un proceso tan sensible como lo es rendición de la PSU. Adicional a lo anterior, la filtración de un facsímil de la prueba de historia y ciencias sociales incorporó un elemento de incertidumbre al proceso de incalculables proporciones. Los perjudicados: los estudiantes y el sistema de admisión a la educación superior en su conjunto.
La paradoja es que la sensación de inequidad en el sistema de ingreso a las universidades, que activó la movilización estudiantil contra la PSU, no se resuelve modificando la PSU. Es cierto que la prueba y su actual diseño forman parte del problema, sin embargo, en el fondo, y los estudios así lo avalan, es la gran diferencia en la preparación con que llegan los estudiantes a rendirla, producto de la asimetría que existe en la calidad y la profundidad de la educación que se entrega en los colegios particulares privados y los del sector público.
Esto último no permite, cualquiera sea el mecanismo de selección para acceder a la educación superior, garantizar que todos los jóvenes que manifiesten disposición al estudio y hagan el esfuerzo de prepararse para ello, estarán en las mismas condiciones para enfrentar la prueba con éxito. La PSU es solo un instrumento para medir y seleccionar, estamos conscientes que no es el más adecuado, sin embargo, cualquiera sea el que utilicemos, si no resolvemos el origen, que es la inequidad en la educación escolar, nunca se resolverá el drama del acceso igualitario y por mérito a la educación superior.
Bien sabemos en las universidades, que recibimos a los jóvenes de sectores vulnerables, los esfuerzos que debemos hacer para nivelar sus conocimientos a lo más básico que requiere un estudiante universitario. Esto no solo complejiza y estresa el inicio de sus estudios superiores, sino que representa una de las principales causas de abandono de la educación superior, lo cual obliga a las universidades, por un compromiso ético, a hacerse cargo del déficit en la calidad de la educación escolar pública.
Fórmulas para el ingreso a la educación superior hay variadas, y los países más avanzados en ésta materia aplican diversas modalidades. Quitarle ‘los patines’ al sector privado en materia de educación no es el camino, pongámosle patines a la educación escolar pública chilena, ahí es donde el Estado y el Ministerio de Educación deben actuar.
Santiago González Larraín
Rector Universidad Central de Chile
