RODRIGO GONZÁLEZ PINTO
DIRECTOR REGIONAL (S) DEL SERNAC
REGIÓN DE ATACAMA
Generalmente, los consumidores piensan que cuando tienen deudas impagas no tienen derechos. Ese desconocimiento es mayor respecto de los gastos de cobranza, pues no saben que existen máximos a cobrar y es difícil saber si dichos montos responden efectivamente a los parámetros establecidos en la Ley.
Por ello, en el marco de la Agenda Anti Abuso y Trato Justo anunciada por el Gobierno, hemos iniciado un estudio que busca actualizar y disminuir los costos por gastos de cobranza extrajudicial que se aplican a los consumidores que tienen deudas en mora.
El estudio incluye análisis económicos, además del envío de oficios a las instituciones financieras con fin de recabar información que permita ajustar la estructura de cobros de acuerdo con los costos y gastos efectivos en los que incurren las empresas por dichas gestiones.
Una vez que culmine el estudio y se tenga certeza de los gastos en los que incurren las empresas al realizar gastos de cobranzas extrajudiciales, el SERNAC propondrá al Presidente de la República, a través del Ministerio de Economía, la modificación de los montos aplicados de acuerdo a su facultad de interpretación normativa.
Hay que recordar que según lo establece la Ley del Consumidor, actualmente las empresas sólo pueden cobrar por las gestiones y costos efectivos. Sin embargo, estos parámetros datan del año 1999, cuando los gastos por gestiones efectuadas eran considerablemente más costosos que hoy en día, tales como como visitas al domicilio, envío de avisos al domicilio o cartas certificadas a los deudores.
Hoy las gestiones de cobranza extrajudicial se realizan a través del envío de emails, mensajes de textos o llamados telefónicos o SMS, generalmente realizadas por una empresa externa de cobranza que no revisten el mismo costo que antaño.
Por ello, creemos que es necesario volver a revisar estas prácticas para determinar si los gastos de cobranza responden a acciones reales, útiles y corresponden a costos reales en los que incurren las empresas por este ítem.
Dada la actual pandemia, es de esperar que las acciones de cobranza extrajudicial aumenten por los niveles de deudas impagas de personas que perdieron su trabajo o están sin ingresos.
Dentro de las medidas de la Agenda Anti Abuso y Trato Justo está justamente el reducir los gastos de cobranzas extrajudiciales, pero además considerara aumentar las multas para aquellas empresas que efectúen prácticas abusivas de cobranza, pasando de 300 UTM a 1.500 UTM, esto es, desde 15 millones a 75 millones de pesos.
Se trata de prácticas que se arrastran por años y no se han logrado erradicar, como lo es el hostigamiento. Por eso estamos verificando que las empresas están respetando los derechos de los consumidores, especialmente cuando este tipo de servicios se terceriza con proveedores externos.
El SERNAC ha realizado diversas fiscalizaciones en materia de cobranzas extrajudiciales para indagar respecto a los protocolos y prácticas de las empresas.
