Por Patricio Urquieta Intendente Región de Atacama
Desde enero el Presidente Piñera dispuso la preparación de nuestro país para enfrentar un escenario difícil a partir del brote de COVID19. En febrero, el Presidente Piñera decretó alerta sanitaria para entregar más recursos y atribuciones al Ministerio de Salud; y en marzo comenzó la implementación de una estrategia creada al amparo de las recomendaciones de los expertos, la comunidad científica y la OMS, a través de un plan de acción cuyo objetivo es hacerse cargo de los efectos sanitarios y sociales de la pandemia. Ese plan contempla dos redes de protección. Una red de protección sanitaria y una red de protección social.
Esta última, está dirigida a apoyar a las familias vulnerables y de clase media que han sufrido más impactos económicos a partir de esta pandemia. El ingreso familiar de emergencia forma parte fundamental de la Red de Protección Social que ha implementado el Gobierno para ir en ayuda de los hogares más afectados por la pandemia y es la mayor transferencia monetaria realizada de América del Sur; se suma a esta red, la ley de protección del empleo, el ingreso mínimo garantizado, el fondo de apoyo a los comités de agua potable rural, habilitamos 5 albergues en la región para personas en situación de calle, y transferimos recursos a los municipios para fortalecer el apoyo a las familias más vulnerables.
La red de protección sanitaria pretende fortalecer el sistema de salud para atender a las personas que lo requieran y necesiten; pesquisar oportunamente los casos positivos, y aislarlos efectivamente. En Atacama, preparándonos para un escenario difícil, nuestro Gobierno duplicó la capacidad de camas críticas, integró las camas del sector privado, y creó una unidad de gestión de camas centralizadas para fortalecer la coordinación, la eficiencia y la eficacia; gracias al trabajo de la Universidad de Atacama y nuestro Gobierno, la región hoy cuenta con un laboratorio que nos brindó autonomía, rapidez e incluso la posibilidad de apoyar a otras regiones; habilitamos residencias sanitarias para aislar a quienes no cuenten con las condiciones necesarias para cumplir con el período de confinamiento en su domicilio; implementamos 4 aduanas sanitarias que a la fecha han controlado más de 700 mil personas; y gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones, se realizan fiscalizaciones constantes del toque de queda, traslados a segundas viviendas, y circulación en espacios públicos.
Todos esos esfuerzos para proteger la salud de todos, requieren la colaboración de la comunidad. La misión de cuidarnos es de todos, y cumplir las instrucciones de la autoridad sanitaria es el aporte que cada uno debe realizar para proteger su salud, la de sus seres queridos, y también – en una expresión de solidaridad – la de los demás.
