El Juzgado de Garantía de Copiapó acogió hoy –jueves 3 de septiembre– la solicitud de la defensa y dejó sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario total a A.S.M.G. y S.A.V.Q., imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de fraude al fisco y cohecho. Ilícitos perpetrados entre 2018 y 2020, en la comuna de Tierra Amarilla.
En audiencia de revisión de prisión preventiva (causa rol 1.801-2020), la magistrada Daniela Pérez Vivallo acogió la solicitud de la defensa, a la que no se opuso el Ministerio Público, por considerar que en el caso de la imputada S.A.V.Q. habría prestado una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, conforme lo señalado por el fiscal.
“Se entiende que existe una morigeración en la necesidad de cautela que se tuvo a la vista en un inicio para efectos de determinar la concurrencia y pertinencia de la medida privativa de libertad”, razonó la jueza, por lo que le impuso, además, las medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición absoluta de comunicarse con los coimputados.
Con relación a A.S.M.G., pese a la oposición del Consejo de Defensa del Estado, el tribunal lo dejó sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición absoluta de comunicarse con los demás imputados, al valorar lo informado por el Ministerio Público, en orden a que declaraciones del imputado prestadas en sede fiscal, las cuales tienen el carácter de reservadas para los intervinientes, reúnen las características suficientes para considerarlas sustancial al esclarecimiento de los hechos.
Según el ente persecutor, el alcalde suplente de Tierra Amarilla y siete funcionarios municipales –entre los que se encuentra S.A.V.Q.- se concertaron, a lo menos desde diciembre de 2018, para obtener pagos en dinero en efectivo de cinco empresas contratistas, entre las que figura A.S.M.G., a cambio de asignaciones para la ejecución de proyectos de mejoramiento vial y de espacios públicos. Proyectos en los que los funcionarios municipales imputados abultaron los montos de adjudicación y accionaron para que fueran adjudicados a determinados contratistas, incluso asistiéndolos en la postulación, a cambio de lo cual debían pagar en efectivo al alcalde (s) y a los funcionarios involucrados, alrededor del 10 por ciento del valor del contrato, provocando un perjuicio al fisco que supera los 102 millones de pesos.
