Con el fin de dar continuidad al servicio judicial, pero siempre resguardando la salud de todos los intervinientes en el contexto de pandemia a causa del covid-19, la Corte de Apelaciones de Copiapó, la Fiscalía Regional y la Defensoría Regional de Atacama suscribieron un protocolo para iniciar audiencias y juicios semipresenciales bajo estrictas medidas de seguridad.
Este acuerdo, impulsado por el tribunal de alzada, tiene como objetivo asegurar el respeto y vigencia de todos los derechos de las personas que requieran intervención de los tribunales, mediante un efectivo acceso a la justicia y garantizando la continuidad del servicio judicial, sin perjuicio de la actual situación sanitaria que vive el país.
En este marco, la presidenta de la corte copiapina, Aída Osses, sostuvo diversas reuniones con el fiscal regional Alexis Rogat, el defensor regional Raúl Palma y jueces y administradores de tribunales con competencia penal, para definir las necesidades de estas instituciones, sus aprensiones y observaciones, a fin de elaborar este protocolo que regula cada una de las etapas que involucra una audiencia, desde la atención de público, la realización de notificaciones, la declaración de testigos y peritos, así como los requerimientos técnicos e informáticos, incluyendo las audiencias mismas.
Al respecto, la presidenta Aída Osses señaló que «el desarrollo de la labor de los tribunales penales y avizorando la etapa 2 del funcionamiento del Poder Judicial, que será semipresencial, esta jurisdicción ha logrado plasmar este protocolo con la colaboración de la Fiscalía Regional y la Defensoría Regional, para efectuar audiencias que tengan el carácter de semipresenciales. Quiero agradecer la disposición del fiscal regional y el defensor regional, así como la colaboración que han prestado los ministros de esta corte y los jueces de la jurisdicción con competencia penal para el logro de este protocolo que es un avance para el desarrollo del trabajo jurisdiccional».
En tanto, el fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat, indicó que «respecto del protocolo relacionado con el reinicio de los juicios orales en metodología semipresencial, los fiscales de Atacama siempre han estado disponibles para la realización de juicios, pues consideramos que las víctimas tienen derecho a conocer el resultado de sus causas. Como institución estamos preocupados por que aquellas personas que deben concurrir al tribunal en su condición de víctimas o testigos, puedan comparecer a sus audiencias con todas las medidas de seguridad para no afectar ni exponer su salud».
Asimismo, el defensor regional Raúl Palma destacó que «el sistema de justicia penal en la región de Atacama nunca se ha detenido en estos meses de pandemia y todas las instituciones del sistema de justicia penal dispusimos las medidas pertinentes para que el acceso a la justicia se asegurara a la población, con resguardo de nuestros equipos. Es cierto que tenemos diferencias respecto a la realización de juicios orales de forma remota, pero en un trabajo colaborativo y generoso como siempre entre jueces, fiscales y defensores, hemos podido acercar posiciones y retomar audiencias que exigen presencialidad con seguridad para los intervinientes y resguardando el debido proceso y el derecho a defensa».
TELETRABAJO
En cuanto al trabajo en tribunales, el protocolo establece que, como regla general, se mantiene el teletrabajo y las audiencias se realizarán mediante videoconferencia para aquellos intervinientes y usuarios que dispongan de los medios y entiendan no les causa indefensión.
En lo que respecta a los juicios orales, dada la necesidad de rendir, exhibir y analizar pruebas, se procurará ponerlas a disposición con anterioridad a los intervinientes a través de nubes virtuales. En el caso de las declaraciones de testigos y peritos, declararán en el tribunal con todas las medidas de seguridad y distanciamiento necesarias.
Del mismo modo, el protocolo establece aforos en los tribunales para reducir la posibilidad de contagio y con ese mismo fin, se definieron medidas esenciales: uso obligatorio de mascarilla, medición de temperatura, lavado de manos, desinfección de suelas de zapatos, entrega de alcohol gel y separación de al menos un metro y medio entre las personas.
También se implementaron barreras físicas entre los intervinientes y para los funcionarios y funcionarias que atiendan público a través de micas o láminas de acrílico, desinfección de espacios y objetos.
Cabe señalar que el protocolo es de aplicación inmediata si los intervinientes acuerdan el desarrollo de audiencias, pero antes de ello se deberá contar con la certificación de los aforos, señalética y medidas de distanciamiento físico indicadas por la ACHS.
Todo lo anterior, con el importante soporte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Zonal Copiapó.
