Últimamente nuestro país ha sido azotado por una serie de casos de corrupción, financiamiento ilícito de la política, entre otros que sin duda han debilitado la imagen institucional que proyectaba nuestro país, desmarcándose de otros vecinos del cono sur que no encuentran salida a un flagelo tan complejo de enfrentar como es la corrupción. Generando una visión somera de este asunto, podemos plantear la pregunta ¿Está nuestro país y su cuerpo social moralmente enfermo? Pues bien, somos nosotros los simples ciudadanos quienes nos desenvolvemos día a día padeciendo de las consecuencias de vivir en un ambiente constante de corrupción, dentro de una nación representada por el cohecho y con la impunidad de los puestos privilegiados frente a sus actuares que además de vulnerar lo éticamente correcto, logran enfermar cada vez más la moral del cuerpo social, situándonos en presencia de un poder judicial que no representa la igualdad ante la ley ni actúa con imparcialidad en la resolución de casos que evidencian la presencia de un agente corrupto, sino más bien, nos encontramos con que la corrupción es una realidad en nuestros tribunales, y no podemos seguir pretendiendo que estamos completamente libres de virus, hoy nos encontramos frente a lo que sería una epidemia incluso más fuerte que la actual, que debilita a nuestras instituciones y las manifiesta como agentes de abuso de poder frente a las circunstancias de conveniencia, ¿Se ha vuelto entonces la justicia un elemento sumido bajo la percepción del Estado en vez de ser un valor fundamental e imparcial para el correcto desarrollo de la nación?
Pues bien, uno de los casos que más ha hecho eco en base a lo anterior, involucra a la institución de Carabineros de Chile, organismo destacado y por supuesto, centro de orgullo para muchos chilenos, sin embargo, la presente ha estado en el ojo del huracán por los casos de cohecho y corrupción que han salpicado a sus altos mandos, quienes en muchos casos, al igual que en el involucramiento político sumido en la corrupción como en el caso PENTA, SQM o colusiones empresariales[1], han salido impunes de sus acciones ilícitas, situaciones en las cuales se habría esperado un contundente actuar por parte de los organismos de justicia, quienes son los encargados de velar por el derecho y la justicia de manera imparcial en las dependencias de nuestra nación. Es así, como en el caso de Carabineros, según consigna CIPER y las múltiples observaciones de la Contraloría general de la República, solo desde el año 2010 se han detectado más de 40 alertas de irregularidades de sobreprecios, asignaciones improcedentes, licitaciones dirigidas y otros[2]. En este punto es pertinente preguntarse ¿Por qué quienes debían velar por el actuar probo y transparente de estas instituciones hicieron vista gorda desatendiendo aquellos asuntos?
Responder a aquella interrogante es complejo y nos plantea sostener un elemento central de este escrito y es que el cuerpo social está moralmente enfermo, puesto que quienes debían destacar por la rectitud de su actuar, no solo fueron débiles y representantes de la apatía, sino que también refuerzan una sensación de impunidad, demostrando una vez más, que quienes concentrar el poder político y/o económico, independiente de sus actuares gozaran de la impunidad en gracias de su aventajada posición, en desmedro de quienes simplemente no cuentan con aquellas ventajas y para los cuales la justicia opera con la otra cara de la moneda, vulnerando un principio fundamental como es la igualdad ante la ley. Si nuestra sociedad no es capaz de asegurar ese mínimo común ¿Qué nos queda para el resguardo de la ciudadanía?
Son los mismos ciudadanos quienes muestran un consenso en la alta percepción de que en Chile persisten las prácticas corruptas, estableciendo de acuerdo al Estudio Nacional de Transparencia del año 2018, realizado por el Consejo para la Transparencia, que un 79% de los habitantes consideran que los organismos públicos son corruptos o incluso muy corruptos, percepción que ha logrado mantenerse sin grandes variaciones a lo largo del tiempo[3]. Entendiendo aquella situación, muchos agentes sumidos en la corrupción son conscientes de los tiempos de crisis y por lo mismo, reaccionan ocupando las herramientas institucionales que poseen, logrando incluso, generar diversos esfuerzos por tratar de transparentar la gestión pública y actos de sus funcionarios ante la ciudadanía. Sin embargo, a medida que se implantan las novedosas medidas en pos de aumentar la transparencia y probidad en el mundo público, se destapan casos de inmoralidad que siguen comprometiendo las fuerzas debilitadas de confianza y justicia. Son estos agentes los que demuestran un nulo esfuerzo por convertirse en sujetos partícipes en la corrección de la presente situación, es más, ¿No debería ser parte de su rol el actuar en impedimento de quienes se han aprovechado de su posición política y social para la obtención ilícita de algún beneficio? Es más se vuelve totalmente inaceptable que si bien, estos casos no solo cuenten con una escasa carga punitiva, sino que también con la presencia de salidas abreviadas que se basan en reembolsos monetarios por parte del imputado, siendo la ineptitud legal del Estado, la preocupación principal para la persecución de estos delitos. Un ejemplo clave en la representación de la cada vez más enferma moral del cuerpo público, se basa principalmente en el Servicio de Impuestos Internos, es decir, en primer lugar es imposible no poner sobre la mesa el excesivo poder que posee el Presidente de la República sobre el órgano recaudador, mientras que en segundo lugar, es imprescindible presenciar la potestad exclusiva del SII para perseguir los delitos tributarios, por ende, ¿Dónde se encuentra realmente la importancia y preferencia del cuerpo legal? Reiteramos, ¿Se ha vuelto la justicia un elemento sumido bajo la percepción del Estado en vez de ser un valor fundamental e imparcial para el correcto desarrollo de la nación?
En consecuencia, la corrupción afecta de manera desproporcionada la percepción de aspectos y valores básicos para la sociedad, debilitando la libertad, los derechos humanos, y por supuesto, la confianza en las instituciones fundamentales del Estado. Hoy, a nivel latinoamericano, muchos países se encuentran sumidos en la corrupción institucionalizada y nuestro país, el cual parecía ser la gran excepción, nos deslumbra con que todos somos personas que por instintos egoístas podemos caer en lo anterior. En este sentido y evitando estos casos, es importante asegurar un valor mínimo como lo es la igualdad ante la ley y esta debe operar para todos por igual, tal como expone Cicerón con sus palabras al decir “La verdad corrompe tanto con la mentira como con el silencio’’.
[1] CNN Chile: Los casos de corrupción que han sacudido al país. (2018). https://www.cnnchile.com/pais/10-anos-de-cnn-chile-los-casos-de-corrupcion-que-han-sacudido-al-pais_20181206/
[2] Ciper: Corrupción en Carabineros. (2017). https://www.ciperchile.cl/2017/03/16/corrupcion-en-carabineros-las-mas-de-40-alertas-que-nadie-quiso-escuchar/
[3] La Tercera: ¿Es Chile un país corrupto? (2019). https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/872767/872767/
