CIUDAD DE MÉXICO Nada simbolizaba más la cruzada del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción en México que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), una oficina gubernamental que creó para hacer precisamente eso.
Pero a fines de septiembre, el entonces jefe del Indep, Jaime Cárdenas, renunció a su cargo tras señalar presuntas irregularidades al interior del organismo que administra los recursos decomisados a corruptos, narcotraficantes y miembros del crimen organizado.
Cercano aliado del mandatario desde hace décadas, Cárdenas denunció en una carta pública la supuesta manipulación de subastas para beneficiar a ciertas personas y dijo que a más de una decena de joyas listas para remate les desengarzaron piedras preciosas como diamantes, esmeraldas y zafiros.
«Si hay denuncias se van a investigar como tiene que ser, pero esto es, más que nada, un asunto politiquero, no hay nada de qué preocuparnos», se defendió el presidente, conocido por su acrónimo AMLO.
Las acusaciones, sin embargo, no fueron las primeras grietas en la lucha anticorrupción encabezada por el mandatario.
En los últimos meses surgieron videos de uno de sus hermanos recibiendo sobres con dinero en efectivo, su cuñada renunció al ayuntamiento en su ciudad natal en medio de señalamientos de desfalco y un hijo de un alto funcionario cercano a López Obrador vendió ventiladores mecánicos con sobreprecio al servicio de salud.
Aquellos y otros casos recientes de supuesta corrupción dentro de las filas del propio AMLO están perjudicando su promesa de luchar contra este mal enquistado en el país y podrían pesarle al oficialismo que, a mediados del próximo año, buscará conservar la mayoría en la Cámara de Diputados.
Para Eduardo Bohórquez, director del capítulo local de Transparencia Internacional, los escándalos también son un recordatorio de que erradicar la corrupción política no es algo que se puede lograr sólo con un buen ejemplo.
«Si el presidente cree que basta que él sea honesto para que se acabe la corrupción, esa afirmación es falsa», opinó Bohórquez, advirtiendo de que la actual crisis económica, agravada por la pandemia, podría hacer que aceptar sobornos sea aún más atractivo para los políticos necesitados de liquidez.
«Las amenazas son muchas y muy grandes: en un momento de contracción económica global, se van a acercar (…) a ofrecer desde mecanismos de financiamiento de las campañas electorales en 2021 hasta negocios jugosos», agregó. «La corrupción es una amenaza permanente de todo sistema político y administrativo».
En junio del 2021, el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tentará, además, 15 gubernaturas, 30 congresos estatales y cerca de 2,000 otros cargos locales en un proceso que ha sido catalogado por el árbitro electoral como «el más grande» en la historia del país.
Si el partido de AMLO pierde la mayoría en la Cámara de Diputados podría tener dificultades para continuar con su «transformación» del país y, entre otras cosas, revertir la apertura del mercado energético promulgada por su predecesor que, según él, tiene visos de corrupción.
ESTRATEGIA ELECTORAL
A principios de septiembre, Concepción Falcón, cuñada del mandatario y entonces regidora de Macuspana, renunció junto a otros 10 funcionarios y el alcalde municipal argumentando «ingobernabilidad» en la tierra natal de López Obrador.
Legisladores locales del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguraron, sin embargo, que la dimisión tuvo su origen en un desfalco de al menos 200 millones de pesos (unos 10 millones de dólares), citando documentos del órgano interno de fiscalización que aún no se han hecho públicos.
AMLO negó los señalamientos y calificó a Reforma -el diario local que destapó el escándalo- como un «pasquín inmundo». Hasta ahora no se ha presentado denuncia alguna contra Falcón.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Tabasco -donde se encuentra Macuspana- sostuvo que mientras no se termine la investigación no se pueden adelantar responsabilidades.
«No estamos diciendo que no ha habido corrupción, ni que no se vaya a investigar (…) el debido proceso se tiene que cumplir, no podemos adelantar vísperas», dijo Jesús de la Cruz.
Unos días antes, uno de los hermanos del mandatario, Pío, apareció en dos videos presuntamente recibiendo dinero para la campaña electoral de 2015 de Morena en el estado sureño Chiapas.
El mandatario pidió que se investigue el hecho aunque negó un acto de corrupción y dijo que era «cooperación». El opositor Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Fiscalía para que indague pero, hasta el momento, no se ha iniciado una pesquisa.
Para Bohórquez, el jefe de Transparencia mexicana, AMLO está tomándole el pulso a los escándalos y, si siguieran creciendo, actuaría incluso si debe ir en contra de su familia.
«Si es necesario que investigue a Pío para mantener la gobernabilidad de su proyecto, lo va a hacer. Y si necesita investigar a su familia política en Tabasco, lo hará también», pronosticó Bohórquez, de 48 años.
Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo, un histórico dirigente de la izquierda mexicana que aspira a dirigir el partido de AMLO, dijo que los señalamientos se deben comprobar y «si hay alguien que ha fallado, pues que se vaya a la cárcel».
«Una ola tan grande (como Morena) arrastra también alguna basura. Yo estoy porque se juzguen aquellas inmoralidades, quienquiera que sea», afirmó el abogado de 87 años.
En junio, durante las peores semanas de la pandemia del coronavirus en el país, la popularidad de AMLO llegó a un 47.5%, su nivel más bajo desde que asumió a fines de 2018, de acuerdo a cifras de la firma Consulta Mitofsky.
Desde entonces, su aprobación se ha recuperado pero aún está lejos de sus máximos. El salto, según analistas, se produjo gracias a la extradición de Emilio Lozoya, un exdirector general de la estatal Pemex, y la captura de un exgobernador, ambos acusados de corrupción.
Aquellos sucesos de julio le permitieron a López Obrador refrendar su promesa de luchar contra la corrupción y revivir su propuesta sobre un referéndum para preguntarle a la población si quiere juzgar o no a sus antecesores en la misma fecha de las elecciones intermedias.
«Hay múltiples obstáculos que podrían descarrilar la consulta o reducir sus consecuencias prácticas, pero López Obrador la utilizará para sumar puntos antes de las elecciones de 2021», opinó Carlos Petersen, analista de la firma Eurasia.
«La popularidad del presidente ha resistido bastante la crisis actual, pero hay evidencia de que hay descontento con la forma en que se ha manejado la crisis. Mantener vivo el tema de la corrupción es políticamente beneficioso para él», agregó.
A principios de octubre, miles de manifestantes organizaron la que probablemente fue la mayor protesta contra el mandatario en Ciudad de México, la capital que gobernó entre 2000 y 2005.
«Voté por él (López Obrador) para que acabe con corrupción, no para que la mantenga», dijo Teresa Molina, una asistente de 41 años que trabaja en un consultorio médico en la capital. «Es indignante que hasta ahora no haya hecho mucho», añadió.
ACIERTOS, SELECTIVIDAD
Desde antes de asumir como presidente de México a fines de 2018, AMLO hizo de la lucha contra la corrupción e impunidad una de sus principales banderas. Una vez en el cargo, ha emprendido una campaña de austeridad y combate a la deshonestidad que, dice, le ha ahorrado al país unos 26,500 millones de dólares.
Bajo su gestión, la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que combate el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, han investigado sonados casos.
«Mientras que el sexenio anterior se caracterizó por la simulación en materia de corrupción, este sexenio se ha caracterizado por un ímpetu en combatir la corrupción en todos los frentes», dijo a Reuters el jefe de la UIF, Santiago Nieto.
México subió ocho posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, ranking que elabora la ONG Transparencia Internacional todos los años. Pasó del puesto 138, de 180 países, al 130.
Pero el año pasado, la tasa de mexicanos que experimentaron al menos un caso de corrupción al realizar un trámite ante la administración pública trepó un 7% respecto al 2017, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (Inegi).
Muñoz Ledo, cercano aliado del mandatario desde hace décadas, aseguró que el combate a la corrupción «todavía es muy imperfecto» y sostuvo que se debe atacar la evasión de impuestos para lograr «una lucha frontal contra la corrupción».
Los opositores, por su parte, acusan que la justicia sólo tiene en la mira a los rivales de AMLO.
Mientras Rosario Robles, exministra entre 2012 y 2015, se encuentra en prisión preventiva acusada de irregularidades, el hijo del director general de la estatal eléctrica CFE, Manuel Bartlett, señalado de vender al Estado ventiladores con sobreprecio durante la pandemia del COVID-19, sólo ha recibido sanciones administrativas que, de hecho, ha logrado frenar.
Sin embargo, cada vez que puede, el mandatario recuerda en sus discursos que «ya no hay corrupción arriba», en referencia a los altos cargos de su Gobierno.
«La política anticorrupción de López Obrador es mucho ruido y pocas nueces: es una gran narrativa y una pobre realidad», opinó Emilio Álvarez Icaza, senador independiente.
Por Diego Oré(Routers)
