Entre los avances que han experimentado los servicios dependientes y/o relacionados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es pertinente destacar la transformación gradual del Registro Civil para operar en forma remota, sin presencia física en las oficinas para obtener certificados. En este sentido, vale precisar que hoy el servicio entrega anualmente más de 43 millones de certificados de la más variada índole y el 92% de ellos se tramita en forma virtual, vía internet desde celulares y tótems de autoatención y los entrega en forma gratuita solo si son obtenidos de manera virtual. Actualmente, la clave única se puede gestionar también sin concurrir al servicio. Respecto de las cédulas de identidad y pasaporte, se encuentra en plena licitación la modernización de su otorgamiento que, a partir de 2022, permitirá avanzar en rapidez, seguridad y reducción de costos, toda una revolución en marcha.
Es justo recordar también los profundos cambios al sistema notarial y registral en trámite legislativo, que les facilitarán la vida a las personas una vez que esta iniciativa se apruebe y que está en segundo trámite constitucional en el Senado, desde enero de este año.
En el ámbito judicial, en medio de la crisis sanitaria, el Ministerio de Justicia y DD.HH, ha retomado el camino de presentación de la tan anhelada reforma procesal civil, así como de cambios sustantivos en el sistema de justicia penal, que incluyen el nuevo Código Penal, tribunales de ejecución de penas y un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia (con defensoría de víctimas), entre otras iniciativas.
Junto a lo anterior, en el mes de septiembre, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó un proyecto que propone cambios transitorios y permanentes en la judicatura penal, civil, de familia y laboral, introduciendo reglas que procuran dar eficacia al sistema de justicia, limitando la presencia física de las personas en los tribunales e incorporando tecnología y modificaciones normativas a los principales procedimientos. Lo anterior, no solo permitirá postergar en forma transitoria el plazo para enfrentar lo inmediato, sino que bajo la lógica de modernizar la dinámica de funcionamiento de los tribunales, se reforman diversas instituciones procesales que operan aún como si estuviéramos en el siglo pasado.
El gobierno está haciendo su trabajo con dedicación y compromiso, sin duda, son muchos los desafíos que aún están pendientes para avanzar en mayor acceso a la justicia. Ahora corresponderá al Congreso avanzar en estas iniciativas, pues son las únicas que aseguran el acceso a la justicia y permiten proteger en forma debida los derechos fundamentales de las personas.
Margarita Contreras Ríos
Abogada
Seremi de Justicia y Derechos Humanos
Región de Atacama
