Por Liliana Cortés, directora de Fundación Súmate
¿Sabías que más de 80 mil niñas, niños y jóvenes podrían abandonar el sistema educativo producto de la pandemia? Estas son las cifras que el Ministerio de Educación ha proyectado. Esta cifra es cruel, esconde una realidad que en porcentaje puede ser baja comparada con otros países de la región, pero en términos netos es una realidad que tiene cara y un contexto de extrema vulneración.
En Chile hay más de 186 mil niñas, niños y jóvenes fuera del sistema educativo, cifra que podría aumentar a más de 260 mil si no atendemos sus causas. El Ministerio de Educación a través de la “mesa por la prevención de la deserción escolar” logró conformar 15 propuestas que apuntan a prevenir y hacerse cargo de esta realidad, pero algo cojea en esta mesa: el escaso presupuesto para combatir la exclusión educativa en 2021.
La fórmula con la cual se calculan actualmente los pagos de subvención escolar está afectando sobremanera a más de 500 escuelas de jóvenes y adultos y de reingreso que hoy ejercen una labor clave para que estos niños, niñas y jóvenes no vuelvan a quedar en tierra de nadie.
¿Cómo abordamos esta realidad? Muy fácil. Tanto el Ministerio de Educación como el Congreso Nacional tienen la oportunidad única de aprobar el proyecto de ley sobre el pago de subvenciones escolares en contexto COVID-19 sin discriminación y atendiendo a todas las realidades escolares, tal como hicieron con los internados de nuestro país. Basta con que el proyecto en trámite modifique los meses de cálculo con el cual se pagarán las futuras subvenciones en todo aquel establecimiento que haya vuelto a clases desde julio de 2020. La actual fórmula considera los meses de marzo, abril y mayo, y es injusta con las escuelas de jóvenes y adultos y de reingreso educativo. Esto porque en estas escuelas marzo es un mes de adaptación y no registra el promedio de asistencia que se produce después. Proponemos entonces considerar abril, mayo y junio para estimar la subvención.
Lo segundo es que el proyecto defina plazos concretos para las comunidades educativas. Establecer como está ahora que los pagos de subvención en contexto pandemia se mantengan hasta que se extienda el estado de emergencia es ambiguo e inestable. En ese sentido, proponemos se abarque todo el año 2021.
Por último, es necesario que los pagos de subvención en contexto COVID-19 sean retroactivos desde marzo y no desde julio de 2020. Hay 4 meses anteriores con un déficit presupuestario importante que está afectando a las escuelas.
Urge aprobar este proyecto cuanto antes. La situación financiera no da para más, se necesita que la ley que se apruebe atienda a las distintas realidades escolares de nuestro país. Que los establecimientos educativos jóvenes y adultos y los de reingreso sean una prioridad real.
